TⒶRTUFOCRACIA

Por Miguel Casanova y Mario Silar

La discusión suscitada en España por la polémica ley anti-tabaco, vigente desde el pasado 2 de enero, constituye un nuevo síntoma del delicado y complejo avance de la cosmovisión científica moderna sobre todas las áreas de la vida social. Gabriel Zanotti, ofreciendo una aguda reinterpretación del epistemólogo Paul Feyerabend, ha advertido de los peligros que subyacen en algunas leyes actuales, funcionales a la cosmovisión cientificista, y que reflejan una decidida unión ciencia-estado. Se trata de una unión que poco tiene que envidiar a la unión Iglesia-estado propia de la premodernidad. En efecto, hace algunos siglos, resultaba normal que las verdades enseñadas y defendidas por la Iglesia fueran, en cierta medida, impuestas a través de la autoridad civil secular-estatal. En las sociedades con fuertes convicciones religiosas, la certeza de estar en la verdad, otorgada por la fe, hacía que fácilmente se creyera que era oportuno imponer un determinado modus vivendi, aunque ello supusiera la coerción y la violencia. Además, no se debe olvidar que en el contexto cultural medieval, la Teología era “el” saber científico por excelencia. Por tanto, nada resultaba más razonable que dejar al saber teológico iluminar las reglas que regían la convivencia social. Con el tiempo, las revoluciones y, fundamentalmente, con la razón, se llegó a la conclusión de que, como señalaba uno de los grandes pensadores del siglo XX, “la verdad no se impone sino por virtud de sí misma” siendo inútil obligar, prohibir o imponer la verdad. La adecuada distinción entre Iglesia y Estado, que supone nuevos desafíos –bien es sabido que el número de personas que dicen profesar la religión en Europa occidental ha disminuido significativamente en los últimos años– constituye una mejor comprensión en la interrelación entre ambas esferas. Entre las cosas positivas cabe destacar un elemento que resulta fundamental para la existencia de la libertad religiosa: los practicantes hoy pueden profesar su fe libremente, en virtud de sus propias convicciones; no de modo formal o por imposición o por buscar los beneficios que se seguirían de formar parte de una religión oficial.

Con las legislaciones anti-tabaco (anti-descargas, etc.), sucede algo parecido. En efecto, se ha producido una suerte de unión ciencia-estado por la que se pretende imponer algunas “verdades” respecto del bien y de la vida humana que quedarían legitimadas por el aura de “cientificidad” que estas conclusiones tendrían. Y todo esto sin tener en cuenta el intenso debate epistemológico sucedido a lo largo del siglo XX en el que se da cuenta del carácter conjetural y falible del saber empírico-científico (Popper, Kuhn, Lakatos). Como se puede apreciar, se trata de un cambio en el contenido de legitimación del saber científico (antes la Teología, en la actualidad las tecnociencias empíricas) pero que conserva la misma forma mentis del medioevo. Ciertamente, las normas morales o religiosas impuestas por el poder secular medieval se basaban en verdades incuestionadas por la gran mayoría de la población en aquel tiempo. Una buena prueba de ello lo constituyen las innumerables vidas que se ofrecieron en protección de esas convicciones. En cambio, no puede afirmarse que los argumentos de salud pública esgrimidos por la ley anti-tabaco del estado-científico posean una certeza absoluta y, sin perjuicio de ello, con gran licencia, se ha optado por restringir severamente la libertad personal y empresarial de las personas. No se trata de impedir que las leyes se “ilustren” por el saber humano, en el que el saber científico posee singular importancia. Por tanto, la crítica ofrecida no exige caer en la deriva relativista posmoderna.

Sin embargo, sí se debe advertir que lamentablemente el ciudadano contemporáneo se ha acostumbrado a una unión sui generis ciencia-Estado que cercena cada vez más ámbitos de la libertad humana. La táctica parece ser la del fuego lento. Casi sin que el hombre se de cuenta, la libertad, pieza esencial de la dignidad humana, se va consumiendo poco a poco bajo el calor de la intervención gubernamental. La ley anti-tabaco es otro pequeño escalón en esta dirección. La alternativa parece clara. Solo con libertad informada se respeta la dignidad humana. En tal sentido no parece tan desacertada la anterior estrategia de propaganda estatal en contra del cigarrillo.

En este ámbito, el rol del gobierno convencido del perjuicio a la salud que ocasiona el tabaco debería ser el de convencer con argumentos de razonabilidad pública y que, así, “la verdad se imponga por sí misma”, sin normas coactivas que, como muchas otras, acabarán perjudicando incluso a aquellos a quienes pretendían proteger.