Ni “propiedad”, ni “piratas”: sobre proteccionismo intelectual
23 March, 2011 § 1 Comment
Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com. Actualización del original publicado en LegalToday.com, en 2009.
Las nuevas tecnologías han puesto en jaque a disqueras, estudios de cine, programadores, entre muchos otros, frente a un público cada vez más renuente a pagar por lo que mira y escucha. La famosa Ley Sinde, aprobada recientemente por el legislativo español, levantó toda una polvareda mediática a raíz de la polémica con Alex de la Iglesia. El debate es intenso, y todos los que intervienen presentan argumentos legítimos y puede ser abordado desde diversas perspectivas. No obstante, hay una cuestión básica que debe ser zanjada de inmediato: ¿es correcto hablar de derechos de “propiedad” intelectual?
Las palabras siempre importan, y en el mundo de lo jurídico más aún. El derecho de propiedad es una de las bases de nuestro sistema jurídico. La defensa de la “vida, libertad y propiedad” de los ciudadanos constituyó la idea generadora del constitucionalismo liberal, y sigue siendo hoy la piedra angular de los ordenamientos jurídicos occidentales, la propiedad es reconocida como un derecho fundamental en la mayoría de países. ¿Es correcto encuadrar los derechos de patentes o los copyrights en esta categoría? Creemos que no. Estos derechos tienen una naturaleza distinta, constituyen una concesión temporal que hace el Estado, otorgando a un determinado sujeto el monopolio de uso y explotación económica de una determinada creación tecnológica o artística. Es un tipo de regulación, de intervención estatal, una interferencia del gobierno en la economía, que pone lo que normalmente es de dominio público (las ideas) bajo el control de un sujeto. El empleo del término “propiedad” ha sido siempre metafórico, tal como lo reconocían desde el siglo XIX los juristas anglosajones; fue empleado por primera vez en la Inglaterra del siglo XVIII, durante el auge de la revolución industrial.
El autor, creador o inventor carece, en relación con su idea, de uno de los atributos esenciales del derecho de propiedad, el ius abutendi, dado que no tiene el poder de hecho sobre la cosa, no hay dominio efectivo: todos pueden de hecho imitar o reproducir un idea, una canción, si cuentan con los medios necesarios. Por otra parte, la defensa de la propiedad ha sido tradicionalmente una defensa de la libertad, busca limitar el poder del Gobierno, no lo magnifica. Sucede precisamente lo contrario al invocar la protección de derechos de “propiedad intelectual”, cuyo cumplimiento lleva necesariamente a expandir la intrusión de Estado, de agencias administrativas, de leyes, limita la libertad de actuar los ciudadanos, nace de regulaciones artificiales. Como es bien sabido, las denominadas “leyes de propiedad intelectual”, como cualquier otra regulación estatal, se justifican únicamente en la medida que satisfacen su función social, en cuanto fomentan la creatividad y el avance tecnológico.
No obstante, no existe una sola prueba empírica concluyente sobre la relación causa-efecto entre un régimen estricto de patentes e innovación tecnológica, como bien apuntan James Bessen y Michael J. Meurer, en Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovator at Risk (Princeton University Press, Princeton, 2008). Incluso hay quien se atreve a señalar que los actuales estándares de la legislación de propiedad intelectual retrasan el avance en los niveles de innovación en sectores como el de la biomedicina (véase Are Patents Impeding Medical Care and Innovation?)
El lobby de la PI ha escogido siempre cuidadosa e interesadamente los términos empleados por la legislación que protege su negocio, como ha señalado el economista Jagdish Bagwhati. Por ejemplo, la palabra “piratería” es un eufemismo que tiene un efecto muy importante en el público. La RAE define “piratería” como “robo o destrucción de los bienes de alguien“. El “pirata”, dice el diccionario, es una “persona cruel y despiadada”. Pocos defenderían a una persona “cruel despiadada” que “roba o destruye” la propiedad de otro. Sin embargo, si utilizáramos los términos correctos, diríamos que las descargas de música online, por citar el ejemplo más común, constituyen una infracción del monopolio de uso y explotación económica concedido por el Estado al titular de los derechos de autor de una determinada canción. La acción seguiría siendo ilegal, incluso reprochable, pero al menos no evocaría la imagen de Barba Negra saqueando un galeón español. Un ejemplo patético de la manipulación a la que somos sometidos son las imágenes que nos ponen en los cines y dvds antes de la película, en las cuales comparan directamente el robo de un vehículo con las descargas onlineilegales.
Una de los estudios más completos sobre este tema es la obra de los juristas americanos Richard A. Posner y William M. Landes, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2004). En dicho libro se analiza cómo la presión de los grupos corporativos ha servido para tergiversar los términos utilizados por la legislación. No obstante, hay que admitir que las dimensiones del debate son inabarcables. De lado y lado hay pretensiones legítimas, argumentos coherentes que vale la pena escuchar. Es curioso que en esta cuestión las críticas más lapidarias vengan por igual de ambos extremos del espectro ideológico. Los progresistas denuncian los abusos del lobby corporativo, mientras diversos analistas conservadores ven en las leyes de PI nichos de interferencia estatal en la libertad económica de los individuos, una fórmula de proteccionismo solapado en algunos casos nociva para la prosperidad general. En Against Intellectual Monopoly (2008), por ejemplo, Michele Boldrin y David K. Levine desdibujan muchas de las premisas sobre la conveniencia económica del régimen estadounidense de PI. En todo caso, poca duda cabe que un primer paso en el camino hacia un debate honesto sería empezar a llamar a las cosas por su nombre. Ni “propiedad” ni “piratas”.
PD. Alex de la Iglesia estaba del lado de los buenos; Sinde, del lado de los malos.
Soberana economía: un diálogo imaginario en Carondelet.
14 February, 2011 § 1 Comment
La política económica del Gobierno de Rafael Correa es como un perro que se quiere morder la cola. Y, lo peor, es un perro que ya hubiera parado hace mucho, si no es porque cuenta con una droga muy potente, llamada petróleo, que lo mantiene activo, sobreviviendo, pero sin llegar a ninguna parte.
El mejor ejemplo viene dado por las medidas arancelarias aplicadas a las importaciones de autos. Imaginemos el dialogo entre alguno de sus tecnócratas y el líder:
Líder: ¿Qué quiero lograr? En primer lugar, parar el drenaje de divisas al exterior, todo el dinero que se está yendo en comprar importaciones. ¿Cómo lo logro? Bueno, para comenzar, le subimos aranceles a los autos extranjeros. Así de paso fomentamos la industria nacional automovilística, dominada por marcas tan castizas como GM o Kia. Esto además crearía puestos de trabajo. O al menos así dice la canción. Además, gastamos a tutiplen: subsidio por aquí, contratitos por allá, sueldos a burócratas, etc. Así todo el mundo piensa que nos está yendo bien y compran carros nuevos, aunque nos endeudemos a la coronilla. Todo el mundo quiere a un padre generoso.
Tecnócrata: ¿Qué pasa si en el camino se forran un par de empresas monopolistas?, ¿qué más da que se encarezcan los carros para los ecuatorianos? Total, son pelucones, que elijen el carro que compran motivados por nimiedades como calidad y seguridad para transportar a su familia, y no por amor a la patria.
Líder: Ups, un problema: el 95% de las piezas con las que se construyen esos patrióticos vehículos son importadas: las hacen unos chinitos en la China, más rápido y más barato que cualquiera. Ah, entonces le ponemos aranceles 
a las esas partes, poco a poco, para ir formando una gloriosa industria de partes en Ecuador, y así no se nos escapa la plata.
Tecnócrata: Uy, pero va a ser que para fabricar esas partes, también necesitamos insumos y maquinarias importadas. Son máquinas especiales que producen en Alemania, o en Japón; minerales que se extraen en Bolivia, o en Australia. Más dinero que se va.
Sumado a ello, la industria automovilística tampoco genera tantos empleos que digamos.
Líder: ¡Mierda!
Tecnócrata: Pero eso no es lo peor. Resulta que la producción de esos bienes de capital lleva tiempo, porque que hay que montar las fábricas, o al menos agrandarlas. Otra vez nos lleva a importar más y más. Aunque ya sabemos cuál es la respuesta: elevamos los aranceles a las importaciones de todo lo que necesitamos, para obligar a la mayoría de los ecuatorianos—consumidores y productores—a comprar la opción local, no importa que sea mucho más cara, o de menos calidad.
Líder: Da igual, ellos no saben lo que necesitan, nosotros sí. Podemos poner como parte de nuestro “plan estratégico” que planeamos descubrir minas multiminerales (como las pastillas que toman los hijos de los pelucones, compradas en Miami) en el 2015.
Tecnócrata: Pero si encarecemos los productos, ¿no estamos disminuyendo el valor real de los salarios, restándole poder adquisitivo?
Líder: Bueno, sí. Pero eso nuestros votantes no lo saben, y tampoco nosotros lo tenemos claro. Lo importante es obligar a los productores a que les paguen más, conforme se les encarezca la vida. Lo llamaremos salario digno, y ningún capitalista pérfido que reporte sus mezquinas ganancias podrá disponer del fruto de su obra sin antes compensar a sus asalariados por el aumento del coste de la vida que nosotros hemos creado.
Tecnócrata: Pero hay quien dice que esa medida sólo generará menos incentivos a la contratación, que causará más desempleo e informalidad. Mira que Ecuador lleva muchos años con un código laboral muy rígido, y nada bueno ha salido. Además, hasta los propios sindicalistas en países como Alemania y Dinamarca te dicen que eso contraproducente, que no se puede llegar a ser competitivo así. Es más, la ministra Cely puso como ejemplo el otro día (caso real) a Corea del Sur y Taiwan. En ambos casos, la esencia de su estrategia inicial fue el poder ofrecer mano de obra barata como única ventaja real, para fomentar exportaciones.
Líder: ¡No me vengas con argumentos neoliberales!
Tecnócrata: ¿Qué hacemos entonces?
Líder: Una consulta, o esperamos a que suba el petróleo. Lo que pase primero. ¡Cuánta soberbia, compañerito!
El mito del proteccionismo en Ecuador
9 December, 2010 § Leave a Comment
La andina ciudad de Ambato se ha convertido, nos dicen, en la muestra empírica de las bondades del modelo proteccionista aplicado por el Gobierno ecuatoriano. Al parecer la sustitución de importaciones ha hecho de la ciudad una joya: tiene bajo desempleo y su industria florece. Y todo ello gracias a su industria de calzado.
Es indudable que la industria del calzado crece como nunca gracias a los aranceles impuestos a las importaciones de zapatos desde el extranjero. Imponer un arancel a productos que podríamos importar de afuera beneficia a la industria nacional que fabrica ese producto; incluso si esta es muy ineficiente y sus precios poco competitivos.
Dada esta ventaja artificial quien resulta perjudicado es el consumidor. Miles de consumidores tendrán que pagar más por un producto de calidad inferior o a un precio mayor al que podría encontrar en un mercado libre de aranceles. El perjuicio esta distribuido en los miles de consumidores de zapatos a nivel nacional. Las medida proteccionista protegerá a centenas o decenas de productores. Esto no hace más que propiciar la desigualdad dándole un mercado cautivo a uno o varios empresarios.
Parafraseando a Frederic Bastiat, el agudo intelectual francés del siglo XIX, este es el típico caso donde lo que “se ve” está concentrado en unos pocos beneficiarios, y es fácil de identificar; y lo que “no se ve”, es decir, el perjuicio, está disperso en muchos afectados y es difícil de identificar.
Henry Hazlitt en su libro “La Economía en Una Lección” nos indica que aparte de los consumidores existe un segundo grupo de afectados por esta medida, otros empresarios:
El arancel ha sido definido como un medio de beneficiar al productor a expensas del consumidor. Ello es correcto en un sentido. Los partidarios del arancel piensan solamente en los intereses de los fabricantes directamente beneficiados por los derechos de que se trata. Olvidan, desde luego, el interés del consumidor, al que directamente perjudica el pago de tales gravámenes. Pero es equivocado examinar el problema arancelario como si se tratase de un conflicto de intereses entre consumidores y fabricantes, considerados en su conjunto. Es cierto que los aranceles perjudican a todos los consumidores en cuanto tales. Pero es equivocado suponer que benefician a todos los fabricantes en cuanto tales. Por el contrario, como acabamos de ver, subvencionan a los fabricantes protegidos a expensas de todos los demás fabricantes nacionales y particularmente de aquellos que poseen un mercado potencial de exportación más amplio.
Ilustremos con un ejemplo lo que indica por Hazlitt, y digamos que, por ejemplo, los aranceles elevan unos cuantos dólares el precio de todos los pares de zapatos; el precio de los zapatos nacionales sube porque los empresarios tienen un mercado cautivo. En resumen, el consumidor ecuatoriano deberá desembolsar un monto mayor de sus ingresos para comprar zapatos. Lo que no está a la vista son todos los puestos de trabajo que no se crearon o se destruyeron cuando se deja de consumir bienes y servicios con ese dinero extra que el consumidor deberá invertir en zapatos. Antes, con el mismo dinero, podría haber adquirido unas medias, ahora sólo le alcanza para los zapatos.
Esto hace más pobre al consumidor pues tendrá solo los zapatos (posiblemente de menor calidad) y si quiere las medias tendrá que abonar dinero extra, también hace más pobre al comerciante de las medias que verá reducidas sus ventas; o al desempleado, que podría haber buscado trabajo en la industria de medias.
Los teóricos del proteccionismo–encarnado también en distintos siglos y lugares por el mercantilismo, el corporativismo o las políticas de sustitución de importaciones–justifican sus medidas indicando que al importar productos del exterior las industrias nacionales son afectadas en sus ingresos, y por tanto el desempleo aumenta.
Aquí hay dos cuestiones claves: la primera es que la industria nacional, sin la protección artificial del Estado, se habría visto obligada a ofrecer un mejor producto a un menor precio; pues solo así se convertiría en la primera opción de compra para los consumidores ecuatorianos. La única manera de hacerlo es siendo más competitivos y eficientes. La otra opción es dedicarse a producir algo en lo que sí puedan competir.
Si no podemos competir con los chinos en zapatos, juguetes y baratijas, debemos cerrar esas industrias en el Ecuador y dedicarnos a producir lo que nos resulte más ventajoso y especializarnos en lo que seamos más productivos. Debemos aprovechar la división del trabajo global que nos permite comprar al menor precio posible un bien o servicio.
La segunda cuestión es que, efectivamente, un mercado libre produce perdedores; específicamente, los trabajadores y empresarios ligados a las industrias que no pueden competir con los productos fabricados en el extranjero. Pero también existen dos claros beneficiarios: los consumidores que conseguirán un producto a un mejor precio por lo cual tendrán mas dinero en su bolsillo para destinarlo a consumir otros bienes o servicios. De esta manera se benefician los empresarios y trabajadores que producen esos productos y servicios. No existe un aumento del desempleo sino un desplazamiento de los trabajadores de las industrias afectadas.
Los gobiernos engañan a mucha gente haciéndole creer que, al limitar las opciones de compra de los consumidores, por arte de magia aparecen productivos empresarios, quienes a su vez disminuyen el desempleo al contratar empleados. Esta prosperidad artificial, un verdadero juego de suma cero, solo favorece a los propietarios de empresas protegidas, pero empobrece al país como conjunto. Nuevamente cito a Henry Hazlitt:
Hemos visto que el sobreprecio que los consumidores pagan por un artículo protegido reduce en una suma igual su capacidad adquisitiva para comprar otros artículos. No se deriva de ello ganancia alguna para la industria del país considerada en su conjunto. Pero como resultado de tal barrera artificial levantada contra los productos extranjeros, el trabajo, el capital y la tierra son desviados de las producciones más rentables a otras que ofrecen menores perspectivas. Por lo tanto, como consecuencia de los obstáculos arancelarios, la productividad media del trabajo y del capital nacional queda reducida.
Todo arancel favorece a unos pocos, pero perjudican a un número grande de consumidores que estará tan disperso como para tomar cartas en el asunto y reclamar al respecto. El beneficio debería ser para el consumidor, que somos todos, y no de uno o varios productor con conexiones políticas. Si no queremos premiar injustamente la incompetencia de determinados grupos de presión, lo que se debería fomentar es un verdadero libre mercado sin aranceles, cuotas de importación u otras barreras al comercio. No se debería dar protección artificial a industrias nacionales ineficientes, a costa de otras empresas más eficientes y competitivas.
