Esencia ideológica del correísmo descrita por Mises
25 March, 2012 § 3 Comments
Por Aparicio Caicedo C. Follow @apariciocc
Leía este párrafo de Mises, en Human Action, y me parecía leer la descripción del Socialismo del Siglo XXI. Aplica casi perfectamente:
Los defensores del totalitarismo [...] manipulan el significado de las palabras. Ellos llaman verdadera y genuina libertad la condición de los individuos bajo un sistema donde estos no tienen otro derecho que no sea obedecer órdenes [“mandar obedeciendo” dice literalmente el programa del Buen Vivir]. [...] Ellos llaman democracia al método ruso [quien dijo ruso dice hoy cubano] de gobierno dictatorial. [...] Ellos denominan libertad de prensa a esa situación en la que solo el Gobierno es libre para publicar libros y diarios [dicho de otra manera: un mundo en el que la “mayoría de la prensa sería pública”]. Ellos definen la libertad como la oportunidad de hacer lo “correcto”, y desde luego ellos se arrogan la capacidad de determinar qué es lo bueno y qué no lo es [mediante un Consejo de Regulación de los Medios y otros demonios]. Desde su perspectiva la omnipotencia estatal significa libertad plena [véase cualquier sabatina]. En liberar el poder de control gubernamental de todas sus ataduras [con cada ley nueva que aprueba dándole más poder] se encuentra la verdadera esencia de su lucha por libertad.
Moraleja: nada ha cambiado en los pretextos que estos farsantes dan para manejar nuestras vidas.
La desigualdad social no es mala
8 December, 2011 § 10 Comments
Por Aparicio Caicedo C. Follow @apariciocc
Los índ
ices de desigualdad son nada más que meros artilugios estadísticos. No significan nada. Solo sirven para llenar con demagogia los discursos de políticos, académicos, activistas, etc. Queda bien siempre una frase como “…pero tenemos pendiente un gran desafío en materia de desigualdad”.
Uno conversa tranquilamente sobre lo bien que Chile (por poner un ejemplo entre muchos) lo está haciendo desde que empezó a liberalizar partes de su economía, blablabla….y súbitamente aparece ese talentoso felino, al que no se le escapa una, y clava el zarpazo: pero es el país donde hay más desigualdad de América Latina, ¿eso te parece ejemplar? Uy, ahí uno se queda pensando. Todos te miran, inquisidores. El astuto felino se relame su garra intelectual, indiferente, como quien sabe que ha desgarrado fatalmente el argumento de su presa. Las miradas pesan. Porque nadie se atreve a defender la desigualdad. Eso sería como defender la pedofilia, o peor. Igualdad o desigualdad, ¿en qué bando estás?. Tic-tac, tic-tac.
Pero la respuesta es simple: la desigualdad no es mala en sí misma, e incluso a veces es un indicio de prosperidad general. Una vez que las cabezas de tus interlocutores hayan dejado de dar vueltas de 360° sobre su propio eje, prosigue: esos índices y ranking de desigualdad solo miden el nivel de repartición de la riqueza, pero no te dicen nada de cuánta riqueza le toca a cada uno y sobre los niveles de vida de la población. Por ejemplo, según el índice Gini, en términos desigualdad mejor ubicados están Pakistán y Bangladesh que Canadá y Suiza. Y según ese mismo ese mismo coeficiente, Ruanda y Senegal son menos desiguales que Chile. Creo que no hace falta un segundo análisis para ver que hay algo de raro en esto.
El tigrillo de la igualdad no te dice (porque no se ha tomado molestia de estudiarlo) que ese “pedazo” de riqueza en manos del “10 por ciento más pobre” de un país como Chile, por ejemplo, es mucho más grande que aquellos pedazos que se reparten en sociedades más “igualitarias” como Bolivia o Ecuador. ¿Por qué? Porque la quinta parte de una pizza pequeña sigue siendo menor que la décima parte de una pizza treinta veces más grande. Prueba de esto es que Chile es uno de los poquísimos países de América Latina que hoy atrae inmigrantes. Basta con recorrer un barrio periférico de Santiago para percatarse de la cantidad de peruanos, ecuatorianos y bolivianos que hay. Estos inmigrantes, por su parte, prefieren el pedazo de pizza que les toca en el desigual Chile, que los diminutos pedazos de pizza que les toca en sus más igualitarios países (recuérdese que Ecuador, Bolivia y Perú están mejor ubicados según el índice Gini). ¿Por qué no vemos chilenos emigrando a países más igualitarios?
Martín Krause lo explica claramente:
Por otro lado, calificar la prosperidad de una población por las “estadísticas de desigualdad en reparto de la riqueza” de un momento dado es como juzgar la película por un solo recuadro de la cinta. No te dice, por ejemplo, que ese “pedazo” de riqueza que ahora atesora ese percentil que “menos tiene” en países que han crecido económicamente es mucho más grande que el que tenían hace X años. Aunque quizá los chilenos ricos sean todavía más rico, y las diferencias sean más contrastantes, los que antes ocupaban el porcentaje más bajo también están mucho mejor, o simplemente salieron de ese nivel de pobreza. Muchos chilenos ya no están dispuestos a realizar las tareas de servicio domésticos que sus padres tuvieron que realizar para subsistir. ¿Por qué? Porque esas familias han salido de la pobreza. En 1975, por poner una fecha, sus padres tenían como única opción ir a ofrecerse como empleados domésticos para ganarse la vida. En 2011, su condición económica ha cambiado y los hijos de los empleados domésticos no están dispuestos a desempeñar tales trabajos, o si lo hacen exigen mayores salarios. Ese lugar lo ocupan ahora los inmigrantes, que sí están dispuestos a trabajar por menor paga. Toman ese pedazo de pizza que los chilenos ahora desprecian porque sigue siendo más grande que el igualitario pedazo que les hubiera tocado en su país de origen. Y encima da para enviar las sobras a casa.
Les recomiendo ver este vídeo, que explica muy bien esta cuestión en el caso de Estados Unidos:
Señala que en Estados Unidos son precisamente los pobres los que más se han beneficiado del crecimiento económico, si vemos la película completa y no nos limitamos a un par de recuadros. Efectivamente, los estudios dicen que el 20 por ciento más pobre de americanos concentra menos porcentaje de la riqueza que antes, y que el 20 por ciento más rico concentra más. Y así es. Lo que no te dicen es que la pizza es mucho más grande, y que los ingresos de las familias más pobres en Estados Unidos, si comparas su situación en el tiempo, han crecido en un porcentaje mucho mayor que los ingresos de los que más tienen. La familia pobre en 1970, por ejemplo, no lo sigue siendo en 1990, etc. Este dinamismo económico se debe a las oportunidades que brinda una economía abierta, oportunidades por las que miles de inmigrantes arriesgan sus vidas en la frontera todos los días.
Y qué dice la historia…
También tenemos ejemplos en la historia. La primera etapa de globalización económica capitalista se dio durante durante las últimas décadas del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Durante este lapso, la liberalización del comercio y las finanzas a nivel mundial dieron paso a un aumento de los niveles de prosperidad sin antecendentes históricos. Subió como nunca antes el estándar de vida de millones y millones de trabajadores, inmigrantes y empresarios, gracias a los niveles de productividad industrial alcanzados y al avance tecnológico (quien más elocuentemente describe este periodo es Jeffrey A. Frieden, en Capitalismo Global). No osbtante, este lapso de inusitado crecimiento económico, si bien supuso un incremento de los estándares generales de vida nunca antes visto, también provocó una profundización de la desigualdad económica, sumado a períodos cíclicos de recesión y depresión. Mientras un sector mayoritario de la sociedad (empresarios, banqueros, comerciantes, migrantes, etc.) experimentó una opulencia económica y niveles de vida sin precedentes históricos, otros grupos (mineros, agricultores, obreros, etc.) se enfrentaron a distintas experiencias desconocidas hasta entonces de marginación social y hacinamiento urbano. No es raro por ello escuchar a muchos intelectos felinos satanizar este periodo como la época del “capitalismo salvaje”[1].
Todos los efectos sociales de la industrialización capitalista, tanto los positivos como los negativos, se manifestaron de forma especial en Estados Unidos, una nación que encabezaba todos los indicadores de crecimiento de la época. Desde la década de 1870 en adelante, la economía americana experimentó una excepcional expansión; su producción industrial llegó a alcanzar el liderazgo mundial a finales del siglo XIX. Además, sus principales indicadores económicos subían a un ritmo mucho mayor que los europeos: ingreso per cápita, producción de acero y petróleo, crecimiento de la población, consumo de energía, etc. La interferencia del Gobierno en la economía era, además, mínima en términos comparativos. Se convirtió por tanto en un polo de atracción de inmigrantes, principalmente provenientes del Viejo Continente, puesto que el nivel salarial y estándar promedio de vida eran significativamente superiores a los del resto del mundo, por más que los índices de desigualdad fueran también más extremos. ¿Y por qué?. Como bien señaló Clayne Pope:
“The dynamics of the U.S. economy in the nineteenth century created a vigorous growing economy that attracted millions of immigrants. A high standard of living and rapid growth in that standard did not create an egalitarian society. Equality may be a more feasible outcome, though not a necessary outcome, of a stagnant or less dynamic economy. An economy that attracts because of the opportunities it presents is most likely to create inequality as new participants enter, relocate, change occupations, and take risks to capture the opportunities before them. Such was the case in the United States in the nineteenth century. It gave attractive opportunities and created inequality at the same time”[2] .
Como vemos, en el caso de los Estados Unidos de los finales del siglo XIX el alto grado de desigualdad se daba precisamente como resultado de su dinamismo económico. Los ricos se hacían más ricos cada vez, pero eran muchos más los pobres que escalaban posiciones y mejoraban su nivel de vida, lo cual atraía a millones de inmigrantes que pasaban a engrosar los niveles más bajos de la pirámide.
A que te lo pensarás mejor la próxima vez que hables de igualdad. O quizá no. Más fácil siempre es pasar por romántico altruista, defensor de utopías, abanderado de los necesitados. Todos estos datos y razonamientos son demasiado complicados para digerir. Siempre será mejor que el Gobierno haga algo, cualquier cosa, antes que dejar solas a esas misteriosas fuerzas impersonales del mercado.
[1] La historiografía sobre este periodo ha sido objeto de polémica por parte de ciertos historiadores económicos que acusan una recurrente falta de parcialidad ideológica en los análisis más conocidos; véase enfoques críticos en Friedrich A. Hayek (ed.), Capitalism and Historians (University Chicago Press, Chicago, 1963).
[2] Clayne Pope, “Inequality in the Nineteenth Century”, en Stanley L. Engerman y Robert E. Gallman (eds.), The Cambridge Economic History of the United States (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), p. 139
Estado de Propaganda
6 October, 2011 § Leave a Comment
Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com
Original publicado en el diario El Universo (Ecuador).
Ecuador, durante el último año, se ha convertido en un Estado de Propaganda. La política nacional se ha transformado en un reality show producido y dirigido por la Secom. Se han esforzado mucho, sin escatimar con el dinero público, y han tenido relativo éxito. Pero han fallado en el principal objetivo de su masiva campaña publicitaria.
El márquetin oficialista ha promovido distintos “productos” a lo largo de estos años. Algunos de ellos se han vendido bien. Han logrado vender como pan caliente, por ejemplo, las leyendas negras acerca de los medios como parte de una confabulación del “capital”. No me sorprende tanto, porque durante los días de la crisis bancaria sí que vimos un manejo inescrupuloso de algunos medios privados vinculados a la banca (que hoy, valga recordar, se encuentran bajo el absoluto control del Gobierno). Es normal que seamos presa del resentimiento ante ese recuerdo, y optemos por el facilismo argumentativo de generalizaciones absurdas, alimentadas por un ejército de cheerleaders a sueldo.
El equipo del Mashi cuenta con un abultado presupuesto que le permite contratar la mejor asesoría para perfeccionar sus técnicas. Solo unos cuantos ejemplos recientes: en agosto del presente año, el experto colombiano en nuevas tecnologías de la información, Germán Escorcia Saldarriaga, recibió 38 mil dólares por una consultoría en “institucionalidad ejecutiva”; otro recibió 42 mil, etcétera. El mismo mes se contrató a una empresa de comunicación, por un monto de 498 mil dólares, para promocionar una iniciativa concreta del Gobierno. Por otra parte, una asesora recibió 46 mil dólares por aconsejar mejores mañas de “propaganda gubernamental”. Y esto sin mencionar la compra constante de tecnología de punta y demás.
¿Quién más tiene una bolsa de gasto sin fondo, financiada con dinero ajeno?, ¿quién más puede darse el lujo de rellenar su arsenal propagandístico sin preocuparse por sus balances de pérdidas y ganancias?
Sin embargo, paradójicamente, lo único que no han podido vender es su producto estrella del año: la disparatada tesis del intento de golpe de Estado, el cacareado 30-S. Simplemente, un año después, su teoría no encaja. Y eso que lo intentan todo: logo, banda sonora, documentales a medida, conciertos, mentiras, pancartas, vigilias, marchas con antorchas, publicidad, vallas gigantes, enlaces sabatinos, redes sociales, periodistas, artistas y geeks a sueldo, etcétera. Solo falta que saquen el videojuego, o la película (subsidiada por el Ministerio de Cultura, claro).
Ecuador hoy vive un Estado de Propaganda, no de opinión, y menos de Derecho. Es la Casa del Gran Mashi. Todo un equipo de producción trabajando a tiempo completo. Su eslogan es uno solo: the show must go on. El dinero no es problema, el contribuyente paga la cuenta. Lo importante es mantener el grado de tensión siempre alto. Por la pantalla desfilan jueces hiperactivos, funcionarios complacientes, abogados figuretis, ministros dóciles, todos con guiones detalladamente preparados. El único que puede nominar a los expulsados del juego es el Gran Mashi, y lo hace con frecuencia, para conservar el elevado rating.
Le cedo la conclusión al siempre sabio Camus (El Hombre Rebelde): “El Estado se identifica… con el conjunto de mecanismos de conquista y de represión. La conquista dirigida hacia el interior del país se llama propaganda (el primer paso hacia el infierno…) o represión”.
El New Deal del Comercio Global
7 June, 2011 § Leave a Comment
”El New Deal del Comercio Global, Génesis ideológica del sistema multilateral del comercio”, ponencia presentada en el IV Congreso de Economía Austriaca 2011, organizado por el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Por Aparicio Caicedo Castillo. Follow @apariciocc
Introducción
Cuando comencé mis estudios de doctorado, me dediqué al estudio de la regulación del comercio internacional, ámbito que siempre me fascinó por su complejidad teórica, trascendencia práctica y relevancia mediática (a favor, y en contra). La primera impresión que me dejó el estudio del sistema multilateral de comercio fue su incoherencia. Leer los acuerdos de la OMC, comenzando por el GATT, significa encontrarte con un catálogo extenso de excepciones a la supuesta regla de la liberalización del comercio: salvaguardias y regímenes especiales por absolutamente cualquier motivo imaginable. Los cortocircuitos teóricos más llamativos fueron el régimen de salvaguardias del artículo XXI y la “excepciones ambientales”, temas a los que dediqué mucho tiempo para encontrar su lógica.
Finalmente, terminé mucho más desorientado que al comienzo, porque los libros de texto de rigor están llenos de clichés. Noté que—a diferencia de otros ámbitos como el sistema monetario y financiero internacional—hacía falta una labor de arqueología de las ideas que sirvieron de base a este proyecto, en sus inicios, allá por la década de 1940. Porque, por más que el sistema se haya reformulado en 1995, con la creación de la OMC, los principios institucionales esenciales siguen siendo exactamente los mismos[1].
Una vez delineado el objetivo, la elaboración de la tesis llevó cuatro años, pero no fue sino hasta cuando estuvo muy avanzada, con toda la labor historiográfica realizada, que descubrí el enfoque teórico de la tradición austriaca. Gracias a sus herramientas teóricas, pude encontrar el camino correcto. Y de ahí el título escogido, que se me ocurrió gracias a un escrito de Rothbard sobre un tema similar[2].
La respuesta, según pude descubrir, se encontraba en Estados Unidos, en un grupo de tecnócratas del Departamento de Estado, la mayoría de ellos de fervientes “progresistas”, con una concepción teórica muy particular de la realidad social. Para ellos, a partir de la experiencia de su país durante medio siglo, la liberalización del comercio internacional era un principio necesario para asegurar la prosperidad material del planeta, siempre que se conjugue con una activa intervención del Estado. La crisis que significó la II Guerra Mundial, parafraseando a Higgs, fue aprovechada para expandir el leviatán a escala planetaria (véase Higgs, Crisis and Leviathan), que tuvo un éxito parcial.
Su ideal de liberalización no tenía nada que con la doctrina clásica, sino en lo contrario: en un orden planificado y controlado por agencias tecnocráticas, en alarde de esa “pretensión de conocimiento” que caracterizó a los experimentos ingeniería social de la época (Hayek, “Pretence of Knowledge”). Se basaron en las mismas falacias históricas usadas por los gendarmes del estatismo a nivel local (véase e.g. Mises, Omnipotente Government; Rothbard, The Man and The State; Hayek, Capitalism and Historians). Todos ellos veían la Great Depression, y el New Deal la confirmación de sus prejuicios doctrinales (Rothbard, America’s Great Depression), veían el potencial de su Gobierno como fuente de armonía social, tanto a escala nacional como internacional. Además, precisamente por usar filtros teóricos distorsionantes de la realidad, atribuyeron injustamente la crisis continua de la entreguerra y el colapso de la Sociedad de las Naciones al auge del capitalismo global y las doctrinas liberales.
La Pax Americana del comercio comienza así, inspirada en la Constitución americana, pero no en la de Jefferson y Madison; por el contrario, el modelo constitucional era sólo un tenue espectro del legado de los founding father, tergiversado por el auge del progressive movement.
1. Los arquitectos del sistema multilateral de comercio
Lo primero que llamó mi impresión fue enterarme que los artífices del sistema multilateral del comercio fueron un puñado de tecnócratas agrupados en torno al Departamento de Estado americano, en una comisión secreta de la planificación, la Advisory Committee on Postwar Foreign Policy, grupo de trabajo que tuvo a su cargo nada menos que diseñar el esquema institucional de la Pax Americana, bajo el auspicio económico de la Rockefeller Foundation y el Council of Foreign Relations, CFR (sobre el CFR, véase Rothbard, Wall Street, Banks, and American Foreign Policy). “Nunca antes”, apuntó con absoluta razón James N. Miller, “la política comercial se había originado en una locación tan centralizada, pequeña y cuidadosamente controlada”[3].
La segunda sorpresa fue descubrir que los miembros de este grupo de planificación eran, a su vez, artífices de las reformas de Franklin Delano Roosevelt; eran críticos acérrimos del liberalismo clásico y sponsors de la intervención del Estado en la economía. Más aún, muchas de las figuras intelectuales más radicales del New Deal emigraron a estos grupos de trabajo—menos visibles políticamente—cuando Roosevelt, durante su tercer mandato, empieza a despedirlos y opta por escoger colaboradores del mundo empresarial (véase Higgs, Crisis and Leviathan, y Slaughter, “Regulating the World”).
El líder de todo este proceso fue Cordell Hull, Secretario de Estado de Roosevelt. Él es la figura central de este proceso, y su trayectoria ilustra el trasfondo doctrinal de toda esa generación. Valga sólo con mencionar que ostenta dos títulos históricos en apariencia contradictorios: reconocido padre del GATT y—su faceta menos publicitada—“padre del impuesto a la renta” en EEUU. Por un lado, fue la persona que hizo posible que, con la aprobación del la Reciprocal Trade Agreements Act de 1934, el coloso americano salga de su característico ostracismo comercial mediante la suscripción de acuerdos comerciales recíprocos, lo cual viabilizó la firma del GATT de 1947. Por otro, paradógicamente, fue el legislador demócrata que, durante el mandato de su máximo ídolo—el estatista por excelencia, Woodrow Wilson—había logrado la aprobación, por primera vez en tiempos de paz y de forma permanente, de un impuesto a la renta federal.
2. El movimiento progresista: liberalización comercial y regulación económica.
El progressive movement, como la socialdemocracia europea, constituía la reacción ideológica a la revolución industrial, que se manifestó en una visión positivista y utilitaria del Derecho y el papel del Estado en estos ámbitos. (véase Hayek, Law, Legislation and Liberty; y Hoppe, Theory of Socialism and Capitalism). Inspirados en el fabianismo inglés y el socialismo prusiano, abogaban por la creación de entidades de regulación para controlar el poder del capital. El corolario de todo este proceso fue el errático New Deal, durante la década de 1930 (Higgs, Depression, War and Cold War).
2.1 Proteccionismo, trusts e imperialismo.
Lo auténticamente americano de todo esto es la importancia que tiene el tema del free trade y el poder corporativo en Estados Unidos por aquellos años. Como bien apuntó Tocqueville, los aranceles aduaneros fueron siempre una fuente de polarización política en EEUU. Y esto, lejos de amainar, empeoró a partir de la Guerra civil americana, cuando las élites industrialistas del Norte aprovecharon el aparato estatal en beneficio de los denominados robber barons (Elkirch, 1969), escudándose siempre en una retórica liberal, y bajo el auspicio del Partido Republicano (véase Kolko, y Rothbard, The Anatomy of the State).
Para los habitantes del agrícola Sur, donde predominaban el Partido Demócrata, los aranceles comerciales eran la fuente del dominio del Norte, el instrumento institucional que hacía posible la existencia de cárteles y monopolios, los trusts. Los aranceles aduaneros, efectivamente, permitían que los productores locales vender a precios por encima del mercado internacional sin preocuparse por la competencia de bienes importados, lo cual también fomentaba el expansionismo imperialista (Mises, “Autarky and its Consequence”, Omnipotent Government y Human Action). De hecho, las campañas imperialistas del Tío Sam durante comienzos de siglo, como apunta Rothbard, eran otro síntoma de crony capitalism (véase Rothbart, Wall Street…).
Para el Sur, de vocación exportadora, esto significaba un encarecimiento de las manufacturas y el cierre de mercados extranjeros cuyos gobiernos respondían con más aranceles. Todo esto iba unido a la cuestión del Antitrust law; es decir, a la regulación de la competencia corporativa con el objetivo de controlar el poder de los trusts. Para los progressive intellectuals, liberalización del comercio y regulación eran complementos perfectos, porque servían para vencer a su enemigo común. No se percataron, como sabemos hoy gracias a la doctrina austriaca, que los monopolios son sólo posibles, precisamente, por a la intervención del Estado y que esas medidas que patrocinaban, lejos de debilitarlo, beneficiaban el poder corporativo (Rothbard, DiLorenzo, Mises, Higgs)
Para Hull, como southern-democrat, el poder de los trusts y el proteccionismo comercial eran caras de una misma moneda, y entabló una auténtica cruzada contra ellos.
El propio Hull lo dejó muy claro en sus memorias:
“Creía que los aranceles altos significaban un coste de vida más alto para los ciudadanos americanos. Estos contribuían a la creación de monopolios y cárteles. Recortando las ventas de otros países a nosotros, también recortaban las compras de otros países a nosotros. […] Me aferré a la filosofía que mantuve durante mis doce años como Secretario de Estado […]”[4].
Pese a que muchos de sus reclamos eran válidos, la doctrina progresista cayó en toda suerte de falacias doctrinales. Y ello los llevó a apoyar reformas que daban más poder al Estado, y por ende a los grupos de interés corporativo con influencia en las esferas de Gobierno (Rothbard, Mises, Hayek, etc.). Durante la década de 1930, los intelectuales trasplantaron sus ideas al estudio orden global, una vez que dominaron los espacios académicos, convencidos de que la historia les había dado la razón. Esta confusión teórica es claramente apreciable en los trabajos de los referentes académicos del internacionalismo americano durante aquellos días, especialmente en las publicaciones más influyentes como Foreign Affairs, American Journal of International Law, y la American Political Science Review. A
hí se aprecia que la distorsión de conceptos los había llevado a considerar al proteccionismo, los trusts, y al imperialismo como consecuencias de precisamente su antítesis, el laizze faire (el mayor problema fue que este término era utilizado, por lo general, indistintamente como sinónimo de capitalismo de Estado o corporativismo). En todo caso, la “avaricia del capital privado” era el chivo expiatorio de todos los males que el Estado había creado, con el descalabro económico causado por la intervención del Gobierno en la economía a escala local (Rothbard, America´s Great Depression), y escala internacional, por medio de las aventuras imperialistas (Stromberg).
2.2 Constitución americana como modelo de federalismo económico
En estas circunstancias, Estados Unidos ofrecía la analogía perfecta: la unión de las trece colonias en un área de libre comercio que cimentó su unidad política, en virtud de la Constitución de 1787. La Carta Magna, por medio de la denominada “cláusula de comercio” había hecho posible, gracias a su desarrollo jurisprudencial, dos cosas básicamente: la primera, mantener libre el comercio entre los estados de la Unión; la segunda, había permitido que el Gobierno federal adquiera paulatinamente el poder de regular la economía, en perjuicio de los gobiernos estatales. Para ellos, este era el modelo a seguir por cualquier organización de alcance mundial.
El artìculo I.8.3 de la Constitución, la denominada “cláusula del comercio”, señala que “el Congreso tendrá facultad […] para regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias”.
Como podemos apreciar, se trata de un texto bastante lacónico, pero de cuyo contenido ha emanado todo un torrente jurisprudencial que ha terminado por darle un alcance enorme. Por un lado, la teoría de la dormant commerce clause, por la que se establece un mandato general de liberalización del comercio entre los estados de la Unión. Por otro lado, de ese mismo fragmento se desprende la doctrina de la “commerce clause”, o “positive commerce clause”, que fija el alcance de la capacidad de regulación económica del Gobierno federal frente a la de los Gobiernos locales.
La analogía estaba servida para los internacionalistas progresistas que buscaban inspiración en las lecciones de su propio proceso fundacional para la creación de una federación económica (e.g. Acuerdos de Ottawa, del Imperio Británico). En 1939, Clarence K. Streit (1896-1986) publicó Union Now, libro que levantó un significativo debate académico. Streit fue muy influyente en la Comisión de Posguerra liderada por Hull[5]. Uno de los pilares del proyecto esbozado por Streit fue la creación de una “union customs-free economy” entre los miembros de la nueva federación, lo cual traería “prosperidad” y “elevaría los estándares de vida” de su población. La conveniencia de este modelo, añadió, “ya había sido probada con la Unión Americana”[6]. Pocos años más tarde, Otto Tod Mallery, otro gurú intelectual del intervencionismo económico en EEUU (véase, sobre Mallery, Rothbard, America´s Great Depression, cap. 7), expresó de forma más directa el paralelismo histórico subyacente en los proyectos presentados por el Gobierno americano:
“Podemos alcanzar la unión comenzando por la unificación económica, que es más fácil que la unificación política, y prepara el camino. Podemos señalar a los primeros pasos efectivos hacia nuestra propia unión, que resultó de los esfuerzos de James Madison y la convocatoria de Virginia a la Convención Constitucional de Anápolis… Esa era una convocatoria a la Unión Económica de los Estados del continente. Las mismas palabras deberían ser usadas ahora en la nueva convocatoria para la Unión Económica de los Estados en más de un continente”[7].
La commerce clause hizo por primera vez de la integración económica a nivel nacional un auténtico principio constitucional. La tradición jurisprudencial de Estados Unidos ofrecía un elaborado sustento teórico-jurídico desarrollado por el case law del Tribunal Supremo a lo largo de décadas. En Estados Unidos, la legitimidad de las restricciones al comercio impuestas por los estados federados ha sido resuelta tradicionalmente por el Tribunal Supremo, de forma análoga a lo que hace hoy el Órgano de Apelación de la OMC con los miembros de la Organización y otras instancias supranacionales.
Como señalamos, la commerce clause sirvió además como mecanismo para hacer frente al efecto secundario de esta expansión económica: los trusts. De hecho, fue en virtud de la cláusula constitucional de comercio que el Gobierno federal justificó su capacidad de intervención para regular y controlar los supuestos abusos cometidos por cárteles como US Steel y empresas como Standard Oil. Así, gracias a un siempre polémico desarrollo jurisprudencial, el artículo 1.8.3 sirvió de fundamento jurídico a un proceso de centralización política que llegó a su clímax durante la década de 1930.
La posibilidad de llevar este esquema constitucional a escala global se planteó repetidamente. Como muestra, en 1943, Charles Bunn, cercano colaborador de Hull, sugirió la extensión de esta doctrina constitucional al ámbito internacional. Citó parte de un discurso del magistrado Holmes, que decía:
“No creo que Estados Unidos se acabe si perdemos el poder para declarar inválida una ley del Congreso. Creo en cambio que la Unión sí peligraría si no pudiésemos hacer dicha declaración sobre las leyes de los distintos estados. Para quien se encuentra en mi lugar es posible ver la frecuencia con la que una política local prevalece entre aquellos que no tienen capacidad para alcanzar una perspectiva nacional y la frecuencia con la que se toman acciones que encarnan aquello que se pretendió acabar con la Cláusula de Comercio”[8].
Si la commerce clause había funcionado tan bien para los estados, ¿porqué no aplicar dicha doctrina jurisprudencial al escenario global? La respuesta, para el funcionario diplomático, era obviamente afirmativa:
“El mundo se ha reducido desde que Holmes habló. ‘Aquello que se pretendió acabar con la Cláusula de comercio’ entre los estados se ha convertido en una cuestión inquietante entre las naciones. Los hombres que traten de resolver aquella cuestión y las personas que les den poder y apoyo deben en efecto estar capacitados para más que una visión local”[9].
La única forma de afrontar la gran mayoría de problemas era la intervención del Gobierno federal mediante organismos de regulación cuyo principal objetivo fuera la búsqueda de soluciones prácticas a casi todos los problemas sociales en base a parámetros técnicos.
3. El proyecto inconcluso: la Organización internacional del Comercio
La formulación jurídica de la Posguerra, del credo jurídico progresista a escala global, comenzó con la Carta del Atlántico de 1941, dónde se arranca el primer vago compromiso de liberar el comercio internacional a la otra potencia aliada, Gran Bretaña.
Todos estos antecedentes derivaron en la famosa “Proposals for Consideration by a International Conference on International Trade and Employment”, presentada en 1945, antecedente fundamental de la Carta de la Habana de 1947, preparada por el comité de preparación de la posguerra.
Los objetivos fundamentales de la organización propuesta eran tres: en primer lugar, establecer un “método equitativo para afrontar los problemas de las medidas económicas que afectasen al comercio internacional”; en segundo, “procurar la disminución de las prácticas restrictivas del comercio que resultasen de acuerdos empresariales privados”, y, por último, regular el comercio en consonancia con lo dispuesto en el GATT[10]. De forma ilustrativa lo explica Diane P. Wood:
“Era una idea atractivamente sencilla: en la medida que las operaciones empresariales ocurren a nivel global, las reglas que las regulan deben ser impuestas y puestas en práctica en el mismo nivel global. …Sólo un país tenía ya sea la predisposición o la habilidad para lograr algo así. Los Estados Unidos de América, sostenía la gente, vio lo mismo durante la parte final del siglo diecinueve, cuando los grandes trusts fueron capaces de movilizarse de estado a estado y evadir los esfuerzos de las autoridades estatales por prevenir sus prácticas abusivas. …Sólo cuando el poder de regulación se elevó a nivel del mercado nacional, con la aprobación de la Ley Sherman en 1890, fue que el Derecho de la competencia ganó algo de influencia en ese nuevo ambiente económico”[11].
Finalmente, el Senado americano dejó para siempre pendiente la ratificación del OIC, y el GATT se quedó a medias. Pero la esencia del sistema sigue siendo exactamente la misma que hace medio siglo; y el lenguaje, los principios y las instituciones creadas en 1947 continúan estando presentes—literalmente inalterados—en el aparato normativo de la actual OMC[12].
Bibliografía básica de referencia:
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Mises, Ludwig: Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War (reimp., Mises Institute y Liberty Fund, Auburn, 2010).
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Rothbard, Murray: America´s Great Depression (reimp. 4º ed., Mises Institute, Aurburn, 2005).
Rothbard, Murray: Wall Street, Banks and American Foreign Policy (reimp. 2º ed., Mises Institute, Aurburn, 2011).
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Wilcox, Clair: A Charter for World Trade (The MacMillan Company, Nueva York, 1949).
Wilson, Woodrow: The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1961).
Zasloff, Jonathan M.: “Law and the Shaping of American Foreign Policy: From the Gilded Age to the New Era”, New York University Law Review, 78, 2003, pp. 239-373.
Zasloff, Jonathan M.: “Law and the Shaping of American Foreign Policy: The ‘Twenty Years’ Crisis”, Southern California Law Review, 77, 2004, pp. 583-682.
[1] El nacimiento del sistema multilateral de comercio fue accidentado. El Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por siglas en inglés) de 1947 fue suscrito como un protocolo provisional de liberalización, para preparar el camino a la Carta de la Habana de 1948, tratado por el que además se crearía la Organización Internacional de Comercio (OIC). Ambos instrumentos, el GATT y la Carta de la Habana, estaban destinados a funcionar de manera complementaria, en el contexto institucional de la OIC. No obstante, el Senado de los Estados Unidos se negó a ratificar la Carta de la Habana, y la OIC nunca fue creada. Ante ello, los Estados-contratantes del GATT, en vez de olvidar el proyecto, utilizaron dicho acuerdo provisional como fundamento jurídico del sistema, creando así un abanico institucional que sirvió por casi cincuenta años, hasta la entrada en vigencia del Acuerdo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1995.
[2] Murray Rothbard, “The New Deal and the International Monetary System” Leonard P. Liggio and James J. Martin, (eds.), Watershed of Empire: Essays on New Deal
Foreign Policy (Ralph Myles, Colorado Springs, 1976)
[3] James N. Miller, Wartime Origins of Multilateralism, 1939-1945: The Impact of the Anglo-American Trade Policy Negotiations (tesis doctoral, Emmanuel College de la Universidad de Cambridge, 2003), p. 12.
[4] Hull, Memoirs, p. 81.
[5] Richard D. McKinzie, “Oral History Interview with Donald C. Blaisdell”, October 29 de 1973, pp. 37-38. Disponible en la web de la Harry S. Truman Library and Museum: http://www.trumanlibrary.org.
[6] Clarence K. Streit, A Proposal for a Federal Union of the Democracies of the North Atlantic (4ª reimpresión, Harper & Brothers, Nueva York, 1939).
[7] Otto Tod Mallery, Economic Union and Durable Peace (Books for Library Press, Nueva York, 1943), pp. 172-173.
[8] Charles Bunn, “The United Nations and the Trade-Agreements Program”, Dep. St. Bull., 8, 1943, p. 137.
[9] Bunn, Ibíd.
[10] Harley A. Notter, Postwar Foreign Policy Preparation, 1939-1945 (Department of State, Washington, 1949), p. 628.
[11] Diane P. Wood, “International Law and Federalism: What is the Reach of Regulation?”, Harvard Journal of Law and Public Policy, 23, 1999, p. 99.
[12] El GATT de 1947 fue incluido, con mínimas modificaciones, como instrumento anexo al Acuerdo General de la OMC de 1994, y se lo denomina desde entonces GATT de 1994.
El resentimiento de la ambición frustrada
8 April, 2011 § Leave a Comment
Por Ludwig von Mises. Fragmento de su libro La Mentalidad Anti-capitalista, recientemente reeditado por Unión Editorial.
En una sociedad estamental, el sujeto puede atribuir la adversidad de su destino a circunstancias ajenas a sí mismo. Le hicieron de condición servil y por eso es esclavo. La culpa no es suya; no tiene por qué avergonzarse.
La mujer, que no se queje, pues si le preguntara: “¿Por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa”, el marido le contestaría: “Si mi padre hubiera sido duque, no me habría casado contigo, tan villana como yo, sino con una linda duquesita. ¿Por qué no conseguiste mejores padres?”.
La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. Quien no alcanza lo ambicionado, dejando pasar oportunidades, sabe que sus semejantes le juzgaron y postergaron. Ahora sí, cuando su esposa le reprocha: “¿Por qué no ganas más que ochenta dólares a la semana? Si fueras tan hábil como tu antiguo amigo Pablo, serías encargado y vivi ríamos mejor”, se percata de la propia humillante inferioridad.
La tan comentada dureza inhumana del capitalismo estriba precisamente en eso, en que se trata a cada uno según su contribución al bienestar de sus semejantes. El grito marxista “A cada uno según sus merecimientos” se cumple rigurosamente en el mercado, donde no se admiten excusas ni personales lamentaciones. Advierte cada cual que fracasó donde triunfaron otros, quienes, por el contrario, en gran número, arrancaron del mismo punto de donde el interesado partió. Y, lo que es peor, tales realidades constan a los demás. En la mirada familiar lee el tácito reproche: “¿Por qué no fuiste mejor?”. La gente admira a quien triunfa, contemplando al fracasado con menosprecio y pena.
Se le critica al capitalismo, precisamente, por otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que, naturalmente, sólo pocos alcanzarán. Lo que en la vida consigamos nunca será más que una mínima fracción de lo originariamente ambicionado.
Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y frente a ellos alimentamos subconscientes complejos de inferio ridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador estable; al obrero ante el capataz; al empleado frente al director; al director para con el presidente; a quien tiene trescientos mil dólares cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para satisfacer los deseos de los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto.
Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del raciona lismo, del utilitarismo y del laissez faire. Irritábanle los nue vos modos de pensar que hacían depender los ascensos, en la milicia y en la administración pública, del mérito, de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la edad biológica y de los años de servicio. La vida –decía Moser– sería insoportable en una sociedad donde todo dependiera exclusiva mente de la valía individual. Somos proclives a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos; de ahí que, cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores tole ran la situación –las cosas son así– conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. En cambio, el planteamiento varía si sólo decide el mérito personal; el fracasado se siente humillado; rezuma odio y animosidad contra quienes le superan.
Pues bien, esa sociedad en la que el mérito y la propia ejecutoria determinan el éxito o el hundimiento es la que el capitalismo, apelando al funcionamiento del mercado y de los precios, extendió por donde pudo.
Moser, coincidamos o no con sus ideas, no era, desde luego, tonto; predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema iba a desencadenar; adivinó la revuelta de quienes, puestos a prueba, flaquearían.
Y, efectivamente, tales personas, para consolarse y recu perar la confianza propia, buscan siempre un chivo expiatorio. El fracaso –piensan– no les es imputable; son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el orden social dominante la causa de su des gracia; no premia a los mejores; galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores, a los “individualistas sin entrañas”. La honradez propia perdió al interesado; era él demasiado honesto; no quería recurrir a las bajas tretas con que los otros se encumbraron. Bajo el capitalismo, hay que optar entre la pobreza honrada o la turbia riqueza; él prefirió la primera. Esa ansiosa búsqueda de una víctima propiciatoria es la reacción propia de quienes viven bajo un orden social que premia a cada uno con arreglo a su propio merecimiento, es decir, según haya podido contribuir al bienestar ajeno. Quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se con vierte, bajo tal orden social, en rebelde resentido. Los zafios se lanzan por la vía de la calumnia y la difamación; los más hábiles, en cambio, procuran enmascarar el odio tras filosó ficas lucubraciones anticapitalistas. Lo que, en definitiva, desean tanto aquéllos como éstos es ahogar la denunciadora voz interior; la íntima conciencia de la falsedad de la propia crítica alimenta su fanatismo anticapitalista.
Tal frustración (…) surge bajo cualquier orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, ésta es sólo indirectamente culpable del resenti miento, pues tal igualdad lo único que hace es poner de manifiesto la innata desigualdad de los mortales en lo que se refiere al respectivo vigor físico e intelectual, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo. Resalta, eso sí, despiada damente el abismo existente entre lo que realmente realiza cada uno y la valoración que el propio sujeto concede a su comportamiento. Sueña despierto quien exagera la propia valía, gustando de refugiarse en un soñado mundo “mejor” en el que cada uno sería recompensado con arreglo a su “verdadero” mérito.
Las mentiras flagrantes del Gobierno de Ecuador
29 March, 2011 § 7 Comments
Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com
Lo tartufócratas de Carondelet mienten para justificar sus acciones. La primera vez que me percaté de ello fue en una entrevista hecha a Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia del Ecuador. En ella decía, mientras defendía la creación de una órgano de regulación a la prensa, que en Ecuador “no hay control a los medios escritos y sí debe haberlo, como en todos los países del mundo”. Señalaba enseguida que “las leyes británicas, por ejemplo, son durísimas en los temas de responsabilidad ulterior”. “Son terribles”, concluía.
Lo dicho por Mera es simplemente MENTIRA. No existe ningún órgano gubernamental de regulación de medios escritos en Reino Unido, mucho menos leyes “durísimas” en tema de responsabilidad ulterior de los mismos. La prensa escrita en Reino Unido goza de la más absoluta libertad. Lo único que existe es un ente privado, conformado de forma voluntaria por los propios medios, que se llama Press Complaints Commission. Esta organización funciona en base a un código de buenas prácticas consensuando por los propios editores de los medios, y prevé un trámite para que los lectores que se sientan afectados presenten quejas puedan acudir. La “sanción” prevista es que los medios aludidos publiquen en sus páginas las conclusiones a las que llegue la PCC. Los medios tienen la opción de aceptarlo, o no. ¡Uy, qué terrible!
Pero mucho más grave fue lo que escuché recientemente del propio Presidente del Ecuador. En una entrevista de radio con la periodista Estéfani Espín, Correa defendió la siguiente pregunta dispuesta en la consulta popular que su Gobierno promueve:
“¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?”
Correa señaló enfáticamente que tal posibilidad sería simplemente emular lo que hacen otros Estados del mundo, como EEUU, donde los banqueros sólo pueden ser banqueros.
Eso es MENTIRA, o una verdad a medias cuando menos.
En Estados Unidos, efectivamente, un banco no puede ser dueño de otros negocios. Es decir, Bank of America no puede ser dueña de acciones en General Motors. Hasta ahí todo bien. No obstante, los “directores y principales accionistas” de Bank of America pueden ser a la vez accionistas, directores o simples empleados de General Motors, Mc Donalds, Los Angeles Times, tres carretillas de hot-dogs, o de lo que quieran. Esto significa que lo que propone la consulta popular, en la pregunta antes trascrita, no sucede en Estados Unidos, donde accionistas y directivos de bancos son libres de invertir su dinero donde quieran y dedicarse a lo que quieran. Lo mismo que sucede con los directivos y accionistas de medios.
Y para muestra, sólo un par de botones: Warren Buffett tiene acciones y controla una infinidad de empresas en diversas áreas, que incluyen bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, industria alimenticia y demás. Por su parte, el magnate Samuel “Sam” Zell es accionistas principal y codirector de una infinidad de empresas igual de diversas, a la vez que director de Tribune Company, un conglomerado mediático que, entre muchas otras cosas, es dueño de nada menos que Los Angeles Times.
A Estéfani Espín, Rafael Correa le mintió. Eso, o el mandatario ecuatoriano está mal asesorado; lo cual, teniendo en cuenta que su asesor jurídico es el antes mencionado Alexis Mera, es una opción bastante probable.
Consulta Popular en Ecuador: razones para el “no”
22 March, 2011 § 9 Comments
Por
Jorge Zavala Egas, profesor de postgrado en las Universidades Católica y Espíritu Santo de Guayaquil. Extracto de su Carta Abierta sobre la Consulta Popular.
La Consulta Popular propuesta por el actual Gobierno del
Ecuador se divide en dos grupos de preguntas: el primero se refiere a temas que debemos contestar desde el punto de vista, no de nuestras preferencias personales, sino meditando sobre la libertad de todos la que debemos respetar, apoyar y compartir.
En ese primer grupo hay preguntas que se refieren a cuestiones de índole moral, otras a temas de culturas de sectores poblacionales y alguna que tienen incidencia en cuestiones de derechos y que nuestro voto puede cambiar en detrimento de los mismos.
En el segundo grupo se nos formulan preguntas con respecto a regulaciones jurídicas que el gobierno quiere cambiar y que, precisamente, por saber que no tiene legitimidad para hacerlo nos pide nuestro consentimiento para emprender por esa vía de reforma a la Constitución.
Esta carta abierta recoge los razonamientos posibles para decidir nuestro voto, es un simple aporte a la reflexión y que no comunica términos o conceptos técnicos que requieran preparación especializada en Sociología, Política o Derecho. No contiene prejuicios ni conlleva malas intenciones, se trata de un ensayo de razonamiento conjunto.
PRIMER GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A TEMAS MORALES, CULTURALES Y SOCIALES
PREGUNTA 1
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?
Explicación de la pregunta:
Nos preguntan si estamos de acuerdo en ordenar a los legisladores que, en el Código Penal, creen una figura que imponga pena a todo aquel que incremente su patrimonio de manera que no lo pueda justificar.
Lo que nos invitan a decidir es si creemos o no que es necesario crear una nueva conducta delictiva que consista en que todo nuevo incremento de nuestros bienes (enriquecimiento) se deba justificar. Por ejemplo, si adquirimos un vehículo para cualquiera de nuestros hijos y no sea justificado el gasto que hacemos en comparación con nuestra declaración de impuesto a la renta, se convierte en delito común sancionado con prisión, además, del correspondiente delito tributario que se ha cometido al momento de la declaración tributaria y que también se reprime con prisión.
Se trata de la creación de un nuevo delito especial que tendrá como característica el que la carga de la prueba sea del dueño de un patrimonio cualquiera que, a criterio de la autoridad que fuese, no pueda justificar, teniendo en cuenta su nivel de ingresos declarado ante el Servicio de Rentas Internas la que podrá constatar lo adquirido sobre la base de la declaración patrimonial, cuando sea del caso o de la declaración de impuesto a la renta, siempre.
No expresa la regulación propuesta cómo justificar y cuándo se considera justificado, eso queda a criterio del legislador cuando dicta la norma que tipifique el delito.
Razones para el No:
Los que votaremos No somos aquellos que sabemos que es una figura innecesaria, pues, todo enriquecimiento privado se encuentra ya considerado como delito, por ejemplo, en el caso de fraude en el pago de impuestos, lavado de activos, en las estafas y defraudaciones a la propiedad ajena, en la usura, etc.
Los que decidimos No sabemos que esa figura penal representará un medio más a disposición del poder público de perseguir, enjuiciar y encarcelar a los que a bien tenga, pues, bastará con señalar que una propiedad adquirida no se ha justificado a cabalidad, en la forma que considera el gobierno debe ser justificada o en el monto que debió ser hecha para desatar la represión penal.
Los que creemos que el voto No se debe imponer en nuestro país es porque hemos visto como esa figura penal en nuestra vecina Venezuela ha servido para perseguir a los principales opositores al régimen del dictador Chávez.
PREGUNTA 2
¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Explicación de la pregunta:
La pregunta no requiere mayor análisis y se trata de expresar nuestra opinión sobre si queremos al Ecuador libre de casinos y más negocios dedicados al juego de azar como las salas de tragamonedas.
Razones para el No:
Seremos adherentes al No aquellos que pensamos que lo único que se logrará con la prohibición es convertir a los juegos de azar en negocios clandestinos que serán fuente de corrupción a nuestras autoridades.
Votar No es impulsar a las autoridades que fortalezcan los controles sobre los casinos y salas de juego tanto en el orden policial como en el de las relaciones laborales y tributarias.
Decidir por el No es darle oportunidad al turismo receptivo en el Ecuador en muchas ciudades que lo tienen potencialmente y que no lo concretan por falta de atracciones sanas como son las salas de juegos y casinos.
PREGUNTA 3
¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?
Explicación de la pregunta:
No se nos pide que nos pronunciemos contra la matanza de los animales, sino saber si estamos de acuerdo que no se lo haga en espectáculos públicos que tengan como centro esencial de atracción dar muerte al animal.
Por otra parte, nos preguntan si estamos de acuerdo que en nuestro Cantón no se realicen tales espectáculos, no obstante que puedan realizarse en los demás, esto es, que maten toros, gallos o pescados en otro gobierno seccional, pero no en el que habitamos.
Razones para el No:
Votaremos No aquellos que pensamos que son espectáculos al que todo adulto tiene derecho de asistir como de no hacerlo.
Decimos No aquellos que sabemos que hombres y mujeres que aportan mucho a la cultura de nuestro país son aficionados a la fiesta de los toros y que, precisamente, por su bagaje intelectual disfrutan de la misma y la creen un rasgo cultural de nuestro país.
Depositaremos nuestro voto No aquellos que creemos que el gobierno debe ocuparse de otros asuntos y no de las preferencias que tenemos para asistir a los espectáculos que nos causen placer. Mañana será el box, después será la pesca y, finalmente, será el fútbol con la excusa que hay demasiada violencia en cada partido.
PREGUNTA 4
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Explicación de la pregunta:
La pregunta es de la mayor importancia, pues, tiene que ver con nuestra libertad de información y con la libertad de comunicación en nuestra sociedad, sin las cuales viviríamos en una especie de aldea aislada de la vida planetaria.
Concretamente, primero, nos piden que decidamos que los asambleístas dicten una ley por la cual se cree un organismo, llamado Consejo de Regulación, pero que nosotros no decidimos su conformación, sino que lo hará la mayoría de la Asamblea que es afín al Presidente de la República, es decir, un nuevo ente de burócratas con mayoría de gobierno.
Segundo, se nos pregunta si estamos de acuerdo en que ese Consejo regule, o sea, supervise, controle y sancione la difusión de contenidos de los programas de televisión, radio y de publicaciones de periódicos y revistas que, a criterio de ese ente burocrático, estén comunicando mensajes de violencia, enseñando sexo en películas o que fomenten cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, a los homosexuales o lesbianas, a los negros o blancos, a los altos o patuchos, a los ricos o pobres, a los jefes o empleados, etc.
En definitiva, quieren saber si estamos de acuerdo con que este u otro gobierno nos diga qué ver en los programas de televisión, qué oír en los programas de radio y qué leer en las noticias que publican los medios de comunicación privados, pues, como es natural las empresas estatales de comunicación serán reguladas al gusto y sabor del gobernante de turno.
Razones para el No:
¡No! porque soy un ser libre y capaz de escoger lo que alimenta mi cerebro sin necesidad de tres o cinco empleados públicos que piensen o decidan por mí.
Votaré ¡No! porque la dignidad de todos los ecuatorianos no puede ser pisoteada imponiéndonos tutores de nuestra propia moralidad.
Diré ¡No! a todo intento de coartar la libertad de todos a generar las decisiones de rechazo a toda comunicación que no se desea ni se quiere, pero, en forma autónoma y argumentada, no por directrices gubernamentales.
¡No! porque nadie en el Ecuador quiere ser marioneta ni vivir pendiente de las decisiones de un carcelero.
PREGUNTA 5
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?
Explicación de la pregunta:
La norma pretende ampliar la regulación actualmente existente que determina que la apropiación del dinero del trabajador afiliado es encuadrada como un ilícito. La propuesta es que la omisión de afiliarlo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, sea considerado un delito.
Este es nuestro entendimiento de la propuesta, aun cuando no diga eso la pregunta, pues, lo que esta plantea es con respecto “de los trabajadores en relación de dependencia”, lo cual crea una calificación diferente y netamente jurídica, pues, es preciso comenzar por determinar cuándo hay relación de dependencia en una relación de trabajo y ello sólo lo puede responder el Derecho y una de sus ramas especializadas: la Laboral.
Razones para el No:
Votaremos No los que pensamos que no se debe criminalizar conductas cuya corrección puede lograrse con otros medios menos traumáticos, esto es, los que pensamos que la solución penal debe ser la última razón para lograr la prevención de una conducta.
Nos decidimos por el No los que pensamos que la afiliación de los trabajadores es una obligación social y jurídica, pero que no requiere para su cumplimiento de la imposición de un castigo penal, sino que basta con la sanción administrativa de índole económica.
Diremos No los que creemos que las soluciones y rectificaciones a conductas desviadas en la sociedad se deben lograr con medidas proporcionadas, lo que implica el menor sacrificio posible a la libertad de las personas.
SEGUNDO GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A REFORMAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES
PREGUNTA 1
¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?
ANEXO 1
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.
Explicación de la pregunta:
Lo que se nos pregunta es si estamos de acuerdo o no en reformar la Constitución en cuanto a que la prisión preventiva deba cesar, se extinga o finalice a pesar que haya transcurrido el plazo de 6 meses para delitos menores y 1 año para delitos mayores, tal como se lo prevé hoy.
La prisión preventiva es una medida que el juez adopta para evitar que el acusado de cometer un delito se fugue, cuando hay razones para pensar que ese peligro existe, no tiene otro objetivo, pues, a toda persona se la debe considerar inocente hasta que exista una sentencia final que la declare culpable.
La enmienda -para la que se nos pide una respuesta- consiste en impedir la cesación, extinción o finalización de la prisión preventiva cuando el que la sufre, ejerciendo su derecho de defensa, acude al proceso a peticionar, a solicitar indagaciones, testimonios y, en general, oponerse al embate de los fiscales y sus investigaciones, testigos y más evidencias acusatorias y, por esta causa, se vence el plazo para la vigencia de la medida, sin que exista la respectiva sentencia.
Razones para el No:
Los que pensamos que el voto debe ser No reflexionamos de esta manera: supongamos, para ejemplificar, que mañana tenemos un allegado (hijo, hermano, padre, esposa) con orden de prisión preventiva en un juicio penal cualquiera y han pasado siete meses en el que hemos puesto todos los recursos de defensa en el proceso penal, sin embargo, por esta defensa esa persona no podrá salir en libertad, pues, ha “retardado, evitado o impedido su juzgamiento” y, como dice la reforma propuesta, “por cualquier medio”.
Es decir, la reforma convierte el derecho de defensa en un arma contra el que se defiende, el escudo del inocente se destruye y se lo deja inerme frente a la espada de la acusación.
El voto No significa rechazar esa opción y más bien permitir que si la acusación, en el lapso que prescribe la Constitución para delitos menores de seis meses y para más graves de un año, no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del acusado o no ha podido demostrar que hay peligro de fuga, la persona goce de su libertad hasta el momento de la sentencia.
El que vota No debe saber que la prisión preventiva no es la única medida que puede adoptar el juez para asegurar la presencia del acusado, pues, tiene a mano la orden de prohibición de ausentarse del país, la vigilancia policial, el arresto domiciliario, la prohibición de traslado de domicilio, etc.
El que vota No está decidido a hacer respetar la dignidad de las personas, para que su libertad y su vida familiar no sean exterminadas, pasando a ser objeto de la apetencia de imputaciones policiales netamente propagandísticas de su eficiencia, acusaciones fiscales interesadas en cumplir un estándar de castigos injustificados y jueces temerosos de la mala fama que le crean policías y fiscales.
Desde el punto de vista ético el que vota No quiere convertir en ley universal el principio de solidaridad humana que concreta en su pensamiento al votar: “No deseo que los seres humanos sufran la execrable prisión y consecuente destrucción de sus familias mientras exista una dosis de oportunidad a la demostración de su inocencia”.
El que vota No se adhiere al humanismo pleno, rechaza la política de la prisión a los inocentes y desecha convertirse en cómplice de tantas y tantas víctimas de acusaciones políticas y venganzas personales.
PREGUNTA 2
¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, de acuerdo al anexo 2?
ANEXO 2
El artículo 77 numeral 1 dirá:
“La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.
Explicación de la pregunta:
Se nos pregunta si queremos reformar la Constitución en cuanto a que siendo la prisión preventiva una medida de excepción que sólo se dicta cuando hay peligro de fuga y que, por esa razón, no se cumpla con la sentencia, no pueda el juez reemplazarla por otra que asegure los mismos resultados, esto es, que evite las dos situaciones que no deseamos, o sea, que se fugue el procesado y no reciba la condena que se merece en caso de ser encontrado culpable.
Actualmente, bajo la misma consideración de la prisión como excepción al principio general del goce de la libertad de todos, se permite al juez sustituir esa medida de previsión por otra que asegure los mismos resultados. Es decir, el juez pondera cada situación de acuerdo a cada caso y decide la procedencia de la sustitución o, bien, su improcedencia.
La reforma más bien nos pide que confiemos que impidiendo que sea al criterio del juez la sustitución de la medida de prisión preventiva sea la Asamblea Nacional la que haga una ley que señale “los casos, plazos, condiciones y requisitos” para determinar la procedencia de tal reemplazo de la medida de prisión por otra distinta y alternativa.
Razones para el No:
Los que decimos No, primero, rechazamos que se nos pregunte por una norma en blanco, o sea, nos parece poco ético que se nos pida contestar que no queremos el actual sistema de sustitución de la prisión preventiva, que decidimos deshacerlo; sin embargo, no nos presentan ninguna opción concreta de reemplazo. Nos obligan a destruir un sistema bueno, en poco o en mucho, pero no me dan alternativa para construir otro. Eso no está de acuerdo con ningún principio moral que rija la actividad política.
Votamos No porque es mucho más lógico que sea el juez, en cada caso que conoce, el que decida la oportunidad y procedencia de la sustitución de la prisión preventiva, esto es, tiene frente a sí las circunstancias que contextualizan la situación de cada procesado, su realidad personal, familiar, laboral y social. Tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión muy próxima al acierto.
El voto No es decirle a los legisladores que no deben, desde la larga distancia que tienen con cada proceso, tratar de generalizar la situación de Juan obrero en el proceso A, de Pedro empresario en el juicio B y de Mario político en el expediente C, cada uno tiene su propio entorno y vive sus propias circunstancias.
El voto es No porque relacionando la pregunta 1 con ésta vemos con mucha objetividad que en las dos se encierra un solo deseo: no permitir que la prisión preventiva sea flexible, que no constituya más que una medida provisional, sino que se la quiere convertir en una condena anticipada a los procesados penalmente.
Los que votamos No rechazamos que sea una buena política criminal la de reducir todo a prisión preventiva, pues, ello trae otras consecuencias nocivas a la sociedad: seres sin trabajo, niños desprotegidos, mujeres lanzadas a la mendicidad o prostitución, familias deshechas y, además, crecimiento de las escuelas del crimen que, en la realidad, son las cárceles del País.
Los que decidimos No estamos optando por una visión más realista del tema y, ello, porque resulta más fácil controlar socialmente la actividad de los jueces en cada uno de los casos que decide, a tener que ejercer ese control en la aplicación de una ley general que no prevé las particularidades de la concreta situación de un procesado.
Decimos No porque valoramos en sumo grado la libertad de los seres humanos, su entorno familiar, la protección de los hijos y el futuro que todos construimos desarrollando una vida sin panópticos.
PREGUNTA 3
¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?
ANEXO 3
El primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá:
“Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente”.
En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA dirá:
“Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo”.
Explicación de la pregunta:
Se dirige en forma exclusiva a las personas y empresas que se dedican a la actividad de la banca e intermediación financiera, así como a la difusión de noticias a nivel nacional como propietarios o administradores de medios de comunicación.
Se nos pregunta si estamos de acuerdo con limitar a esas personas y empresas el desarrollo de su actividad personal y empresarial impidiéndoles que puedan ejercerla en otros ámbitos del quehacer económico, es decir, que permanezcan restringidos a desarrollar su actividad financiera y comunicacional sólo en cada uno de esos ámbitos especiales.
Razones para el No:
La fundamental para los que hemos decidido votar No, es que debemos respetar la norma constitucional que nos prohíbe votar “contra los derechos que reconoce la Constitución” (Art. 84 CRE) y si comenzamos por votar contra el derecho a la libre iniciativa económica de unos ¿por qué no votar mañana contra el derecho a la libertad o al acceso a los servicios públicos de otros?
Porque los que votaremos No consideramos que es hora de tomar los derechos fundamentales de las personas en serio y que no es posible sentar un pésimo precedente para que el gobierno, en el futuro, pueda restringir y hasta conculcar cualquier derecho constitucional de cualquier persona.
También es razón para el No considerar que la norma del actual artículo 312 de la Constitución es la que el pueblo votó para regular la actividad económica financiera y comunicacional, la cual consideramos proporcionada y suficiente.
PREGUNTAS 4 y 5
Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?
ANEXO 4
Sustitúyase el Art. 20 del Régimen de Transición por el siguiente.
Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura. En su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerá sus funciones por un periodo improrrogable de 18 meses.
El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.
Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
Suprímase la disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Función Judicial.
PREGUNTA 5
¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?
ANEXO 5
Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:
“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados, y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.”.
Explicación de las preguntas:
Es una cuestión las que se nos plantea de mayúscula importancia para el destino de las personas, bienes y vigencia de los derechos constitucionales, pues, se refiere a la forma de elegir los jueces, más aún el modo en que se plantea la subordinación de éstos al Poder del Ejecutivo.
Hace más de dos siglos se vio la necesidad de separar el ejercicio del gobierno de la justicia, pues ésta atada a aquél no implicaba otra cosa que el despotismo y la tiranía.
No puede ser de otra forma en vista que si los jueces son servidores del gobierno no pueden ser imparciales al momento de dictar sentencias en las cuestiones que involucran a cada individuo, a cada familia o a cada grupo social.
Se trata, en la pregunta, a los jueces y a la función que desempeñan en la sociedad como si fueran sólo un elemento técnico en la organización del Estado, pero el juez es mucho más que eso: es el órgano que tiene por misión el logro de la paz social mediante las soluciones que, a través de las sentencias, da a los litigios de cada persona
Para lograr una efectiva independencia de los jueces con respecto al gobierno se ideó la creación de un órgano distinto que no sea judicial ni tampoco del ejecutivo, de ahí nacen los llamados Consejo de la Judicatura, cuyo función esencial es cuidar y preservar esa independencia.
La pregunta pide que nos pronunciemos sobre la si la forma de elección, organización y administración del sistema judicial que prevé hoy la Constitución debe continuar o si se debe optar por otra que esté en manos del Presidente de la República.
Razones para el No:
La fundamental para decidir por el No es que la alternativa que se nos ofrece para mejorar el actual sistema judicial no es la idónea ni tampoco la adecuada para esa finalidad, por el contrario, lo cambia sí, pero para empeorar su realidad.
Diremos No porque no queremos vivir bajo el manto protector de un solo poder que sea dueño de personas y bienes en el Ecuador, porque no creemos que el mal de la administración de justicia esté en la forma de elección, la organización y la gestión judiciales, lo que está mal en ella obedece a una razón puntual: no acceden los indicados por falta de estímulos en una carrera judicial desmerecida y desprotegida.
Votaremos No porque creemos que es necesario dar la solución adecuada al sistema judicial, lo que pasa por la activación de la Escuela Judicial y la mejora sustancial del presupuesto de la Función. Esas son las soluciones y no la agremiación política de los jueces que no significa otra cosa que el retorno a las malas experiencias de tantos años.
La alternativa No está en concordancia con el deseo de vivir en libertad y no que me pongan en manos de jueces doblegados al poder que le darán forma de sentencias a decisiones políticas o de revancha personal.
Diremos No porque la justicia no puede ser manipulada por nadie y es necesario dar protección a nuestros hijos y nietos de la embestida a su futuro que significa entregarles un país con jueces que estén atados al dogal del Presidente de la República sea quien fuese.
Los que creemos en la respuesta No pretendemos ofrecer una clara respuesta a los gobernantes diciéndoles “Hasta aquí llegan sus límites autoridades:, la justicia para nuestro pueblo, para nosotros no es patrimonio de ustedes, de su partido político ni de sus amigos”.
Más dinero tienes, más criminal eres: el utilitarismo socialista
15 March, 2011 § Leave a Comment
Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com
Al Gobierno del Ecuador se le ha ocurrido que si te enriqueces, o no afilias a tus empleados al IESS, o …., eres
un criminal hasta que no se “justifique” lo contrario.
Alguna vez, en algún lugar, el Derecho penal cumplía su función, la de servir de herramienta excepcionalísima de convivencia pacífica, especificando delitos verdaderamente graves que merecían máximo castigo: el asesinato, el robo, las agresiones sexuales, etc. Y era considerado una “herramienta excepcionalísima” porque el poder para castigar solo puede ser conferido al Estado en cuestiones de máxima importancia, para proteger bienes jurídicos básicos, primarios, como la vida, la propiedad, la salud, la honra personal, o la libertad de las personas.
Ya no es así, desde hace algún tiempo. Ahora la canción dice:
La legislación penal es una herramienta más, un mero mecanismo a disposición de cualquier Gobierno para llevar a cabo sus aspiraciones mesiánicas. ¿Que se nos ocurre que la drogadicción es un mal social que debe y puede ser erradicado?, pues hagamos un delito del consumo de drogas, y a la cárcel con todos los que consuman, sean o no delincuentes, sean o no asesinos. Más vale prevenir que lamentar. La mayoría me secunda, la mayoría lo aplaude, ¡adelante!.
Que queremos que todos estén afiliados a la Seguridad Social!, pues declaremos criminales a aquellos patronos que no afilian a sus empleados. La mayoría me secunda, la mayoría lo aplaude, ¡adelante!
¿Que queremos librarnos del demonio de la corrupción? Pues muy simple: estipulemos un delito que diga que si te haces rico se presume que eres un criminal, y que ese dinero es malhabido. ¿Que no te da la gana de decirme de dónde sacaste la plata?, al calabozo. Tu vida, tu libertad, tu privacidad y tu patrimonio son elementos disponibles a los vaivenes del clamor popular, punto. Ellos sí que saben, porque millones de cabezas piensan mejor que una, particularmente cuando el guillotinado es otro. Más aún, otros lo hacen, ¿por qué no nosotros? (con ese singular razonamiento, valga agregar, nos reservamos el derecho de justificar la pena de muerte, que en algunos estados de EEUU es permitida).
Además, ello ahorra tiempo. No vaya a ser que se nos escapa de las manos un malo por legalismos absurdos como la presunción de inocencia, el debido proceso y otras majaderías que sólo defienden quienes tienen algo que esconder. Total, si nos equivocamos, el bochorno de pasar por un proceso penal no es nada, una tontería en comparación con nuestra finalidad colectivista, que trasciende a cualquier ser humano.
Ah, ¿que los juegos de azar también intoxican el alma de los incautos ciudadanos?, pues…….
Nos hacemos una humilde y sincera pregunta: ¿qué queda esa izquierda libertaria que quemaba carnés militares cuando el Estado se arrogaba el poder de disponer de su cuerpo y vida en guerras absurdas?, ¿qué pasó con esa izquierda que tenía por lema “prohibido prohibir”, que se enfrentaba a las dictaduras y a cualquier afán de censura mediática, esa izquierda que aguantó deportaciones y encarcelamientos por defender principios de libertad?
Una humilde y sincera respuesta: creemos que de esa izquierda no queda nada, que se han vuelto tan utilitarios como esa derecha conservadora que antes tanto odiaban pero que ahora imitan, que valoran la libertad ajena sólo en la medida que es útil a sus quimeras ideológicas, en la medida que esa libertad satisface sus prejuicios y creencias.
Gracioso es que el derecho penal siempre tuvo como muro contencioso el activismo de izquierda, basta recordar la historia de los “Miranda rights” en EEUU. Ahora que les llegó el turno…
Si no son capaces de defender la libertad de otros, incluso para perseguir fines que ellos no valoran, entonces que no se quejen cuando otros restrinjan la suya porque persiguen fines que los gobernantes de turno tampoco valoran. Su vida, su libertad y su patrimonio (y ello incluye mucho más que simple dinero) serán meros instrumentos a disposición de las ansias moralizantes de otros. No te quejes.
De Jouvenel: ¿por qué los intelectuales odian al capitalismo?
24 February, 2011 § 4 Comments
Bertrand de Jouvenel (1903-1987) es una figura intelectual compleja. Como muchos jóvenes intelectuales europeos durante la entreguerra, coqueteó con las dos corrientes enemigas del liberalismo: el socialismo y el fascismo. Pero la propia experiencia le sirvió para darse cuenta de su error inicial. Tuvo que exiliarse en Suiza luego de la ocupación alemana en Francia, y durante aquellos años pudo ver la derivas más dramáticas del absolutismo estatista. Se convirtió luego, poco a poco, en uno de los escasísimos referentes de la tradición liberal francesa, que por entonces estaba en agonía. Tuvo siempre ideas muy particulares, algunas de las cuales fueron más afortunadas que otras en la crítica. Sus escritos, no obstante las diferencias que uno pueda tener con alguno de sus planteamientos, siempre resultan un despliegue de brillantez.
Una de las joyas del legado de Jouvenel es su conferencia, “Los intelectuales europeos y el capitalismo”, publicada en el libro El Capitalismo y los Historiadores. En ella medita sobre esa tendencia a odiar las instituciones de mercado que es tan común entre los “intelectuales occidentales”. Trascribimos los fragmentos que contienen la esencia de su planteamiento:
Los intelectuales occidentales, en grandísima mayoría, muestran y proclaman su hostilidad hacia las instituciones que denominan globalmente capitalismo. Cuando se les pregunta sobre los motivos, dan razones afectivas como el interés por el “trabajador”, la antipatía hacia el “capitalista”, y razones morales como la “crueldad y la injusticia del sistema”. Esta actitud revela una gran semejanza superficial con la actitud de la intelectualidad clerical de la Edad Media… El centro de atención de la actividad de la iglesia medieval lo constituían los desgraciados; ella era la protectora de los pobres y se ocupaba de todas las funciones que ahora han pasado al “Estado providencia”: alimentar a los indigentes, curar a los enfermos, educar al pueblo. Todos esos servicios eran gratuitos, sostenidos por la riqueza que la iglesia sacaba de las tasas eclesiásticas y de las cuantiosas donaciones, enérgicamente solicitadas. La iglesia no sólo ponía siempre la condición de los pobres ante los ojos de los ricos, sino que reprendía continuamente a éstos, actitud que no debe considerarse como un mero intento de ablandar el corazón de los ricos por su bien moral y en el beneficio material de los pobres. No sólo exhortaba a los ricos a que dieran, sino a que se abstuvieran de perseguir la riqueza…Es claro que una fe que ponía a los hombres en guardia contra los bienes terrenos (“No améis al mundo ni de lo que hay en el mundo”, 1ra. Carta de San Juan, 2, 15) no podía menos de considerar a los más entusiastas y afortunados buscadores de tales bienes como una vanguardia que arrastraba a sus propios seguidores a la destrucción espiritual. Los modernos, por otra parte, tienen una visión mucho más positiva de los bienes de este mundo: el aumento de la riqueza les parece una cosa excelente, y la misma lógica les debería llevar a considerar a aquellos mismos hombres como una vanguardia que conduce a quienes la siguen a aumentar las riquezas materiales…
Me complace observar que los intelectuales modernos consideran favorablemente la acumulación de riqueza por parte de organismos que llevan el sello del Estado (empresas nacionalizadas), que no dejan de tener cierta semejanza con las empresas monásticas. Sin embargo, no reconocen el mismo fenómeno cuando falta el sello estatal…
La hostilidad del intelectual hacia el hombre de negocios no ofrece ningún misterio, ya que ambos tienen, por su función, dos criterios distintos de valor, de suerte que la conducta normal del hombre de negocios aparece desdeñable si se juzga con el metro válido para la conducta del intelectual. Este juicio podría evitarse en una sociedad dividida, abiertamente fraccionada en clases con funciones diferentes y con distintos códigos de honor. Pero no ocurre así en nuestra sociedad, cuyas ideas corrientes y cuya ley postulan que se forme un campo unitario y homogéneo. En este campo el hombre de negocios y el intelectual se mueven uno junto al otro. El hombre de negocios ofrece al público “bienes”, definidos como “todo lo que el público desea comprar”; el intelectual trata de enseñar lo que está “bien”, y para él algunos de los bienes que se ofrecen son cosas de ningún valor y el público debería ser disuadidos de dejarlas. El mundo de los negocios es para el intelectual un mundo de valores falsos, de motivos bajos, de recompensas mal dirigidas. Una fácil vía de acceso a lo íntimo de la mentalidad del intelectual es su preferencia por los déficits. Se ha observado que tiene simpatía por las instituciones deficitarias, por las industrias nacionalizadas financiadas por la Hacienda pública, por los centros universitarios que dependen de subsidios y donaciones, por los periódicos incapaces de autofinanciarse. ¿Por qué? Porque sabe por personal experiencia que siempre obra como piensa que debe obrar, no hay coincidencia entre su esfuerzo y la forma cómo este es acogido: para expresarnos en lenguaje económico, el valor de mercado de la producción de los intelectuales es con mucho inferior al de los factores empleados. Ello se debe a que en el reino del intelecto una cosa verdaderamente buena es una cosa que solo unos pocos pueden reconocer como tal. Puesto que la misión del intelectual es hacer comprender a la gente que son verdaderas y buenas ciertas cosas que antes no reconocía como tales, encuentra una grandísima resistencia en la venta de su propio producto y trabaja con pérdidas. Cuando su éxito es fácil e inmediato, sabe que casi ciertamente no ha cumplido bien su función. Razonando sobre la base de su propia experiencia, el intelectual sospecha que todo lo que deja un margen de beneficio se ha hecho no por convicción y devoción hacia el objeto, sino porque se ha podido encontrar un número de personas deseosas del mismo, suficiente para hacer rentable la empresa. Podéis discutir y convencerle al intelectual de que la mayor parte de las cosas se hacen de este modo, pero él seguirá pensando que este modo de obrar es algo que no leva. Su filosofía de los beneficios y de las pérdidas puede resumirse de la siguiente manera: para él, una pérdida es el resultado natural de la devoción a algo que debe hacerse, mientras que el beneficio es el resultado natural del sometimiento a las opiniones de la gente.
La fundamental diferencia de actitud entre el hombre de negocios y el intelectual puede puntualizarse recurriendo a una fórmula trillada. El hombre de negocios debe decir: “El cliente siempre tiene la razón”. El intelectual no puede aceptar este modo de pensar. La misma máxima: “Dad al público lo que quiere”, que nos da un óptimo hombre de negocios, nos da un pésimo escritor. El hombre de negocios obra dentro de un sistema de gustos y de juicios de valor que el intelectual debe intentar siempre cambiar. La actividad suprema del intelectual es la del misiones que ofrece el Evangelio a naciones paganas; ofrecerles bebidas alcohólicas es una actividad menos peligrosa y más rentable. Existe cierto contraste entre ofrecer a los consumidores lo que deberían tener, pero no quieren, y ofrecerles lo que aceptan ávidamente, pero que no deberían tener. El comerciante que no se dirija hacia el producto más vendible es tachado de estúpido, pero el misionero que dirigiera hacia él sería tachado de bribón.
Puesto que nosotros, los intelectuales, tenemos como misión enseñar la verdad, tendemos a adoptar frente al hombre de negocios la misma actitud de superioridad moral que el Fariseo respecto al Publicano, condenada por Jesús. Debería servirnos de lección el hecho de que el pobre que yacía al borde del camino fue ayudado por un comerciante (el samaritano) y no por el intelectual (el levita). ¿Tenemos acaso el valor de afirmar que la inmensa mejora que ha tenido lugar en la condición de la masa de los trabajadores ha sido eminentemente obra de los hombres de negocios?
Puede alegrarnos el hecho de que nosotros servimos a las necesidades más elevadas de la humanidad, pero debemos sinceramente tener miedo de esta responsabilidad. De los “bienes” que se ofrecen por lucro, ¿cuántos podemos definir resueltamente como perjudiciales? ¿No son acaso mucho más numerosas las ideas perjudiciales que nosotros exponemos? ¿No existen acaso ideas perjudiciales para el funcionamiento de los mecanismos y de las instituciones que aseguran el progreso y la felicidad de la comunidad? Nuestra responsabilidad se ha acrecentado debido a que la difusión de ideas que pueden ser perjudiciales no puede ni debería impedirse mediante el empleo de la autoridad temporal, mientras que la venta de objetos perjudiciales sí puede ser impedida de esta manera.
Es casi un misterio—y un campo de investigación prometedor para historiadores y sicólogos—que la comunidad intelectual se hiciera más severa en sus juicios sobre el mundo de los negocios, precisamente cuando éste mejoraba de manera extraordinaria las condiciones de las masas, mejorando su propia ética de trabajo y aumentando su propias conciencia cívica. Juzgado por sus resultados sociales, por sus costumbres, por su espíritu, el capitalismo actual es inconmensurablemente más meritorio que el de épocas anteriores, cuando se le denunciaba en términos mucho menos duros. Si el cambio de actitud de los intelectuales no puede explicarse por el empeoramiento de la situación se debe valorar, ¿no podría entonces explicarse por un cambio de los propósitos intelectuales?
Este problema abre un vasto campo de investigación. Durante mucho tiempo se ha pensado que el gran problema del siglo XIX era el lugar que el trabajador industrial ocupaba en la sociedad, y se ha prestado poca atención a la aparición de una amplia clase intelectual cuyo puesto en la sociedad puede ser el problema más importante. Los intelectuales han sido los principales artífices de la destrucción de la antigua estructura de la sociedad occidental, que prevé tres distintos tipos de instituciones para los intelectuales, los guerreros y los productores. Ellos se han esforzado para hacer el campo social homogéneo y uniforme; sobre él soplan con mayor libertad los vientos de los deseos subjetivos; las apreciaciones subjetivas son el criterio de todos sus esfuerzos. Es natural que esta constitución de la sociedad conceda un premio a los “bienes” más deseados y ponga en primer plano a quienes constituyen la vanguardia en la producción de los mismos. Y así, los intelectuales han perdido, frente a esta clase “dirigente”, la primacía de la que gozaba cuando constituían el “primer estado”. Su actitud actual puede explicarse en cierta medida por un complejo de inferioridad que han adquirido. La condición de los intelectuales en su conjunto no sólo ha descendido a un status menos considerado, sino que, además, el reconocimiento individual tiende a estar determinado por criterios de apreciación subjetiva del público, que los intelectuales rechazan por principio: de aquí la tendencia contrapuesta a exaltar a aquellos intelectuales que son tales sólo para los intelectuales.
Burbuja inmobiliaria en Ecuador
16 February, 2011 § 7 Comments
Ecuador está inflando su “burbujita” inmobiliaria, y los signos ya se han hecho manifiestos en Guayaquil, su capital económica. El precio de la vivienda ha subido hasta en un 30 por ciento. Eso es mucho, y solo sirve de signo de lo que está pasando en el resto del país. ¿Por qué? Porque el Gobierno sigue empeñado en crear ilusión de prosperidad, en el facilismo del gasto fiscal, en la misma receta que ha llevado al mundo a la recesión en la que se encuentra.
Según el diario Expreso, la subida de precios era ya fácilmente palpable hace meses, en junio de 2010.
…indagando en varias urbanizaciones la respuesta era general: las casas se revalorizan continuamente…
Para muestra un botón. Sambocity, ubicada en el kilómetro 12 de la vía Samborondón, ofrece 10 modelos de casas diferentes; sin embargo, en el modelo Cameron tiene a una de las más económicas.
Valorada en $ 41.900, su financiamiento propone el 30% de entrada ($ 12.570), que incluye el 10% de la reserva ($ 1.000), un bono de $ 5.000 del Miduvi y el resto a meses plazo. El otro 70% se tramita por medio de cualquier institución financiera. Pese a ello, al preguntarle al vendedor si en caso de que el cliente se decida a separarla a finales de año, la repuesta es que subiría de precio. “El alza es variable. Cada cuatro meses pueden subir 200 dólares, y anualmente hasta 2.000”, aseguró sin querer ser identificado.
El boom imobiliario que está sucediendo en Ecuador, se debe a la distorsión que el Estado está creando mediante su intervención masiva por medio de subsidios del otorgados por el Ministerio de Vivienda, y fundamentalmente por la concesión de crédito”artificialmente barato”, bajo el auspicio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Otra noticia nos advierte que:
Los precios de las viviendas en Guayaquil y Samborondón, nuevas o de segunda mano, se han elevado en los últimos meses entre el 20% y el 30%, señalan corredores de bienes raíces consultados.
Consideran que uno de los factores principales que presionaron al alza los valores es el incremento del tope del crédito hipotecario del Banco del IESS (Biess), que pasó de $ 70 mil a $ 100 mil, en noviembre.
Dicha entidad, además, planea inyectar nada menos que 2700 millones de dólares de crédito en el sector durante el 2011.
¿Crédito “artificialmente” barato?
Primero, ¿qué quiere decir que un crédito sea “artificialmente barato”? Básicamente, que el tipo de interés no obedece a las condiciones del mercado, lo que llamaríamos “criterio económico” o naturales, sino a criterios políticos. Las tasas de interés son la forma como los consumidores expresan sus preferencias temporales. Una tasa de interés alta significa que los inversionistas quieren su dinero lo antes posible, que no están muy dispuesto a sacrificar su dinero por mucho tiempo, prefieren gastarlo en consumo, o inversiones de rentabilidad inmediata. Por el contrario, cuando las tasas de interés bajan, es porque las personas están dispuesta a sacrificar consumo inmediato, para invertir a largo plazo y recibir así una mayor gratificación. Significa, en otras palabras, que hay ahorro. Por ello llas instituciones financieras, más capitalizadas por este ahorro, empiezan a bajar las tasas de interés para atraer a los inversionistas en el largo plazo.
La explicación de todo este proceso es compleja, y merece mucho tiempo de estudio (y aburrimiento), pero un buen starter puede ser esta lección de economía, del profesor Huerta de Soto:
El tipo de interés le está diciendo a los emprendedores: no inviertas en producir bienes de consumo (ropa, televisores, vasos, etc.) que reportan ganancias inmediatas, sino que mejor usa ese dinero para producir bienes de capital cuyo proceso de producción es más largo (casas, fábricas, maquinaria agrícola) porque las personas están ahorrando en consumo inmediato, pensando en el futuro. Esto se da generalmente cuando hay confianza en el futuro de la economía. Esto tiene un efecto expansivo: constructoras contratan, proveedoras de insumos y servicios venden, etc.
Los constructores y demás inversionistas, obviamente, no pasan por todo ese argumento, simplemente ven tasas bajas de interés, y compradores dispuestos a gastar ese dinero “barato”. Lo mismo sucede con nosotros, el ciudadano común, que nos endeudamos a 30 años. Vemos dinero fácil, en nuestra mano, y lo tomamos. Los precios de todo suben, como pasó en Estados Unidos y España. Al comienzo, todos celebran, porque la plata rueda: compramos y vendemos.
¿Cuál es el problema?
El problema es que esta confianza se ve traicionada por la realidad, porque no existe una contracción en el consumo inmediato, y no existe tampoco ahorro. Lo que único existe es un tecnócrata ansioso por ver resultados, con capacidad de inyectar recursos públicos. Pero las personas que se endeudan no están ahorrando, ni tampoco cumplen los requisitos normalmente exigidos; cumplen eso sí los requisitos impuestos en un decreto o reglamento, que no obedece a criterios justicieros, no técnicos. Ese pequeño detalle, el del ahorro previo y la solvencia real del prestamista, no es problema para el tecnócrata, es simplemente una artimaña teórica de los defensores del “neoliberalismo“. Toda mejora, en tales términos, no necesita sacrificio previo, necesita un Estado generoso.
Estas ansias pueden ser muy loables y humanitarias, pero terminan causando estragos terribles. Además de todo lo anterior, el Gobierno le está diciendo a los bancos competidores que hagan lo mismo, si quieren sobrevivir. Y eso es exactamente lo que está pasando en Ecuador en estos momentos, según apunta El Universo:
Con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) compitiendo en el mercado de los hipotecarios, con una tasa que la redujo al 7,9% y con el anuncio de que analiza extender a 30 años el financiamiento, la banca prevé este año inyectar más recursos para no perder el ritmo de crecimiento en este segmento.
Y lo más grave es que la banca privada está siendo arrastrada, porque se ve impedida de competir en condiciones normales. Esto hace que la bola de nieve se haga más y más grande. El Gobierno verá promocionará esto como un logro, contento con el efecto inmediato. No dirá que su loable objetivo de hacer más accequible las casas es falso, porque el alza de precios que ocasiona, descompensa con creces los tipos de interés preferenciales que pagan los afiliados al IESS. Lo único que tienen es dinero en la mano más fácil, pero pagarán mucho más que antes por sus viviendas, bajo la falsa ilusión de que esta prosperidad seguirá para siempre, y podrán pagar sus cuotas.
Y el proceso inflacionario se expande a otros sectores de la economía, como ya es notorio de acuerdo con la prensa:
Materiales Tyrone Portero, directivo de Oglobsa, empresa de intermediación en la venta de bienes raíces, atribuye también al incremento del costo de la mano de obra y de los materiales de construcción, el alza de los precios de viviendas.
¿Culpa de los banqueros?
Sería fácil satanizar a los directivos de la banca, pero su posición los hace demasiado vulnerables a este tipo de presiones, aun si están conscientes de los peligros en el largo plazo. La lógica es la misma que viralizó el boom inmoviliario en Estados Unidos: si ellos lo hacen, nosotros también tenemos que hacerlo.Tienen accionistas detrás que no quieren historias sobre la tasas “artificiales”, que quieren que sus acciones rindan lo máximo posible, y si ven que el administrador de turno se está quedando atrás, por la causa que sea, simplemente lo reemplazarán. Y nadie quiere ser despedido. Ello pasa por ofrecer tasas de interés más bajas, para competir con un mastodonte como el IESS. Pero recordemos que todo esto no se debe al aumento del ahorro–causa natural–sino a la intervención de una autoridad política–causa artificial.
¿Ya ha pasado antes?
El Gobierno de Bush (no hay mucha diferencia entre neoconservadores y neosocialistas) cayó en la misma tentación populista de Correa para comprar simpatías. Primero, desde el 11-S, la Reserva Federal, bajo el mando de Greenspan, bajó “artificalmente” los tipos de interés, para que la economía siga pujante a pesar de la hecatombe terrorista. Por otra, parte inició un programa federal de aval de hipotecas para personas de escasos recursos. Es decir, el Gobierno americano dijo a los estadounidenses: ¿no eres solvente?, ¿no tienes para pagar una casa?, ¡ no importa!, yo te avalo, aquí tienes tu crédito. Ello lógicamente mandó una señal clara a los bancos: presten a quién sea, yo respondo. Bum: las hipotecas basura se multiplicaron como pulgas, y ya sabemos lo que pasó. Todo ello queda maravillosamente bien explicado en este vídeo:
Para quienes hemos vivido en España los últimos años del boom, y los primeros del crash, la historia parece repetirse en Ecuador, fielmente, como siguiendo un guión estricto. Y se parece en todo, porque también están aplicando políticas de regulación laboral demagógicas, aupadas con los malabarismos semánticos de siempre, medidas que han sumido a ese país en un callejón sin salida. El padre querendón del Estado gasta y gasta.
¿Y al final qué?
Un día nos enteramos que esas casas valen menos de lo que pensábamos, porque la subida fue el efecto inflacionista de una medida del Gobierno; nos enteramos que las personas que recibieron los préstamos no eran tan solventes, y ya no tienen cómo pagar; nos enteramos que tenemos miles de casas construidas que nadie quiere, millones tirados al agua en inversiones faraónicas. Comenzamos a despertar, y sentimos la resaca. Party is over. Resultado: bancos que quiebran, empresas que quiebran, personas endeudadas hasta la coronilla, desempleo, desaparece el crédito, acreedores internacionales en la puerta, etc. Debacle.
Si lo quieren la explicación teórica en versión hip-hop (la letra con rima, entra), no se pierdan este MC entre Hayek y Keynes, con subtítulos en español:
Lo malo es que esta ilusión creada no se disolverá hoy, ni mañana, sino dentro de dos, tres o seis años. Hasta los más realistas dudarán y se creerán la farsa, si esta se prolonga lo suficiente, si el precio del petróleo y la generosidad de los prestatarios (China, etc.) lo permiten. Pero la lógica económica se sale con la suya siempre, y espera el momento más inoportuno para aguar esas fiestas a las que no la invitan. Los pocos que se atrevieron a prevenir la presente crisis económica eran vistos como bichos raros, ridiculizados, cuando la música sonaba:
Pero la culpa, al final, sin ninguna duda, la tendrá el neoliberalismo y los pérfidos capitalistas; y la solución aportada será más Gobierno, más interferencia en la libertad económica. La historia absolverá a todos esos profetas mesiánicos del estatismo que sólo sirven de lastre al desarrollo. Así es el cíclico Macondo, así somos.
